Ofensiva frontal contra los
trabajadores/as:
La llegada del PP al gobierno
profundiza una ofensiva contra los
trabajadores/as que ya había iniciado
el PSOE en el primer tramo
de la crisis. Con De Guindos como
ministro de economía, ex ejecutivo
de Goldman Sachs, la política del
gobierno combina el pago de la deuda
como prioridad con la reducción
del gasto público, una política de
privatizaciones y la desregulación del
mercado de trabajo.
Arrancó con la congelación del
sueldo de los funcionarios y el aumento
generalizado del IRPF, siguió
la Reforma Laboral, abaratando
el despido y facilitando su tramitación;
se liquida la negociación
colectiva, facilitando que el
empresario se «descuelgue», permitiéndole
la rebaja unilateral de
salarios y el empeoramiento de
condiciones laborales, aparte de
destinar más recursos públicos a
la financiación de las empresas.
La Unión Europea aplaudió la
Reforma Laboral, pero en menos
de 24 horas ya pedía nuevas medidas
y más recortes. Con la «reforma
financiera» Rajoy y De
Guindos anuncian nuevos procesos
de fusión, con el fin de completar
la privatización y la entrega
de las cajas a los bancos. El siguiente
objetivo está en marzo,
con los Presupuestos Generales
del Estado, un amplio plan de
privatizaciones, pero antes ya se
oyen voces para «regular» el derecho
a la huelga.
La ofensiva antiobrera se desarrolla
en todos los frentes y el Gobierno
sabe que ahora puede golpear
fuerte pues aun prima la
desmovilización. Los sindicatos piden
tiempo para seguir negociando,
cuando no hay nada que negociar
y el tiempo juega a favor
del Gobierno, que actúa con hechos
consumados. ¿A qué esperan
las direcciones de CCOO y
UGT para lanzar la lucha? Acaban
de firmar el acuerdo con la
patronal que asegura la pérdida
de poder adquisitivo de los salarios
en los próximos tres años, a
cambio de... nada. La recesión ya
está confirmada y el Banco de
España anuncia que va a continuar
en los próximos trimestres
con 1’5 puntos de caída del PIB.
Ya hay 5’4 millones de parados y
el gobierno prevé alcanzar pronto
los 6 millones.
Más golpes no suponen más
movilización, como ocurrió en la
Gran Depresión de los años 30.
En Grecia la lucha obrera ha sido
masiva y condiciona el panorama
de crisis e inestabilidad política en
el Gobierno, incluso puede condicionar
el resultado de las próximas
elecciones si las fuerzas de la izquierda
anticapitalista son capaces
de reorganizarse para dar una
alternativa. No así se ha dado la
situación en Irlanda o Portugal,
países también intervenidos.
No hay más tiempo que esperar.
Las direcciones de CCOO y
UGT son quienes pueden poner
día y hora a la huelga general y
establecer un calendario de lucha,
pero se resisten. Hay que crear
un movimiento desde la base para
exigir a todos los sindicatos una
convocatoria unitaria de huelga
general con un plan que le dé continuidad.
Recentralización
«tecnocrática» del estado...
aprovechando la crisis
Los años de mayoría absoluta de
Aznar con los intentos de
recentralización política y económica
provocaron una grave crisis
entre la burguesía central y la
periférica (catalana o vasca). Se llegó
a un enfrentamiento con el
PNV, al plantear la suspensión de
las autonomías, el procesamiento
del lendakhari, la disputa por el
BBVA... Esto provocó un giro «radical
» de un sector de la burguesía
vasca con Arzalluz a la cabeza.
En paralelo el deterioro del pacto
constitucional enfrentaba también
al Gobierno con la burguesía
catalana, amplios sectores populares
giraron hacia la ruptura con
la constitución y la Monarquía.
Zapatero recibió el objetivo de
buscar un nuevo equilibrio entre el
centro y la periferia burguesa. A ese
acuerdo se le llamó «reforma
estatutaria». La piedra de toque de
esa reforma era el acuerdo con la
burguesía catalana, para luego
abordar el tema vasco, mientras
se completaba el cese definitivo de
las acciones de ETA. Al calor de la
reforma estatutaria catalana se
procedía -con el café para todos
del duque Suárez- emprendiendo
las reformas estatutarias del resto
de autonomías.
El fracaso de la actualización de
ese acuerdo llegó a su máxima expresión
en la sentencia del constitucional
y la respuesta masiva en
la calle el 10 de julio del 2010. El
nuevo equilibrio estaba roto, y la
grieta entre la Monarquía y sus instituciones
y el pueblo catalán era
más profunda. La cuestión está
abierta y sin resolver cuando llega
un nuevo intento de
recentralización del estado. Tras las
reformas y las necesidades «técnicas
», el Gobierno prepara una
LOAPA financiera, con control del
déficit de las autonomías, y sanciones si se incumple. CiU calla,
porque sus intereses de clase se
imponen a los nacionalistas. Los
intentos de recentralización del Estado
y de recorte político y financiero
de las autonomías van a proseguir,
con un aspecto más
tecnocrático y menos ideológico
que bajo Aznar.
Había sectores de la izquierda
vasca que valoraban que sería más
fácil la negociación con el PP para
acordar el fin de ETA y la solución
de los presos/as. Pero todo indica
lo contrario. El PP fue quien sacó
más rédito a la «amenaza terrorista
» y mantenerla viva le da un
plus político. El Gobierno de Rajoy
no ha hecho el más mínimo movimiento
para facilitar la solución de
armas por presos/as y va a poner
cara, muy cara, cualquier medida
que demande la organización armada
o la izquierda abertzale. No
estamos ante una reedición de las
negociaciones sobre el final de
ETA-PM con el ministro Martín Villa.
Las próximas elecciones quedan
lejos, lo que no obliga al PP a
poner en marcha de inmediato
nuevos procesos de ilegalización
de candidaturas abertzales, con lo
que Rajoy no tiene ninguna prisa
y va a seguir aprovechando ese
factor para debilitar la euforia inicial
de la izquierda abertzale.
Realineación total tras
Estados Unidos
El Gobierno Zapatero se estrenó
sacando las tropas de Irak y
marcando una cierta distancia con
la política unilateral de los Estados
Unidos, y reivindicando el marco
de la ONU como instrumento común
de intervención. Era el resultado
de la presión ejercida por
la movilización de cientos de miles
en las calles contra la guerra y
en las horas previas a las elecciones
tras el atentado de Madrid.
Ciertamente no hubo una ruptura
con la política del imperialismo y
del mismo modo que sacaban tropas
de Irak las incrementaban en
Afganistán, al servicio de la ocupación
norteamericana del país y
de su gobierno títere, pero tenía
que poner distancia del Aznar del
«trío de las Azares» y del apoyo
incondicional a Bush. La llegada
de Obama a la Casa Blanca facilitó
la normalización de relaciones
de subordinación al imperialismo
americano.
Rajoy arranca poniendo la industria
militar al mando de la política
de Defensa. Morenés ha sido
directivo de Instalaza (que fabrica
las prohibidas bombas de racimo)
y MBDA (principal fabricante de
misiles). Como Secretario de Estado
de Defensa y número dos,
se coloca a Pedro Argüelles, exejecutivo
de Boeing. En el anterior
periodo del Gobierno Aznar y
con Morenés entonces Secretario
de Estado de Defensa, se dispararon
los contratos de compra
de armamento del Gobierno.
El circo de la justicia.
Vuelve la España católica.
Para completar la reacción
ideológica, Rajoy pone en Justicia
a Gallardón, progre ex-OPUS,
que anuncia la cadena perpetua
revisable, el copago de la justicia,
y la penalización a los recursos,
de forma que si pierdes y reclamas
pagas los costes.
La llegada de Gallardón viene en
un momento en que la justicia es todo un espectáculo. El juicio en
el que Camps ha sido declarado
no culpable es un escándalo, pues
todo el mundo ha podido escuchar
las cintas en las que el expresidente
de la Generalitat Valenciana
pasteleaba, compraba y
vendía favores y cargos. Ahora
toca el turno a Matas, ex-presidente
del PP y de la autonomía
balear. Y también veremos cómo
se las arreglan para seguir el juicio
contra Urdangarín sin dañar la
imagen de la Monarquía, que no
es tarea fácil.
Mientras esto se da, Garzón,
juez instructor del caso Gurtel,
resulta ser el único sancionado en
este asunto. Mientras Garzón
golpeó a la izquierda
independentista vasca o catalana
gozó de todo el apoyo de la
legislatura y los grandes partidos,
cuando entró a tocar trapos sucios
del PSOE o del PP, o a desenterrar
el pasado franquista, se
acabaron las contemplaciones y
el aparato judicial -muchos de los
jueces hunden sus raíces en el
viejo régimen- fue a por él.
Las promesas de Gallardón a la
Iglesia Católica para restringir la
legislación del aborto abren otro
frente. Y en contraste con la política
de recortes se mantiene la financiación
con fondos públicos a
la Iglesia Católica… y veremos si
no mejora.
