La educación superior universitaria al servicio del estado español: la declaración oficial de los intereses capitalistas dicha con buenas palabras

Ya se han cumplido seis años desde la aplicación a la española de la «declaración oficial de la convergencia entre los diferentes Espacios Europeos de Educación Superior», más conocida como Proceso de Bolonia y según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, «el impulso definitivo a la mejora y modernización del sistema universitario español y del servicio público que presta». El proceso, cuando menos, culminaría «potenciando los canales de diálogo con la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y profesionales de la administración y servicios, con sus rectores y responsables de las administraciones públicas, así como con los agentes económicos y sociales ».

Una gran declaración de intenciones hecha con buenas palabras que así por encima, si te apuran, suena incluso marxista, haciendo un pequeño inciso en aquello de español, por lo que a la liberación de los pueblos respecta, y de otro a aquello del «servicio público que presta ». Porque esto, evidentemente, no es así. Lo que pasa, resumiendo, es que mientras algunas elites se asesoran en cómo usar el buen lenguaje para ilustrar y engañar a las masas con preámbulos de grandes intenciones hechos con las palabras idóneas, el último eslabón de la cadena del capitalismo va consumiéndose progresivamente para financiar la doctrina de los prestamistas.

El proceso de Bolonia, en el Estado español, fue aplicado definitivamente en 2007, durante la primera legislatura de Jose Luís Rodríguez Zapatero. Le dicen socialista y es pionero en aquello de ilustrar y engañar a las masas con buenas palabras, por aquello de «la crisis no existe ». Este señor hizo muy bien su trabajo. Entendiéndolo, está claro, como la de un tipo de chamán al frente de la sociedad del placer. En aquel contexto en que nadie tenía que pasar hambre «a no ser que prefiriera el campo de concentración », un chiste nazi de la Escuela de Frankfurt, la reforma del sistema universitario fue impuesta sin mucha más oposición que millones de estudiantes - que no tantos docen tes - que acabarían siendo ignorados legalmente bajo el pretexto de ejecutar un preámbulo que potenciaría «los canales de diálogo con la comunidad universitaria ».

Como aquello de la crisis todavía no se había acabado de definir del todo, ciudadanas y ciudadanos del Estado español tendrían pelas suficientes para financiar una universidad regida bajo los intereses de las grandes empresas, instaladas en forma de bar, copistería o derivados en el mismo campus y en forma de prácticas curriculares a los expedientes de las personas que decidieron, a partir de aquel momento, formarse para servir al mercado capitalista. A todo esto, claro, las sucursales de los bancos también tomarían tierra por allá para colonizar la índole de servicio público universitario que prestaría el Estado español. El resultado es que hoy, cualquier persona que vaya a estudiar en una universidad pública, tiene que aceptar que en su carné de estudiante esté presente la marca de la entidad bancaria que presume de campus. Aunque no quiera.

Cuando la máscara del entonces presidente Zapatero fue derogada por el chasquido de la crisis, las universidades del Estado español ya se regían por principios como la redefinición de titulaciones -resultado entre número de profesores a pagar y número de estudiantes que pagan-, la redistribución de los organismos de gobierno –encadenados uno por uno hasta pisar el terreno político-, la sustitución de licenciaturas y diplomaturas por grados, la implantación de posgrados y másters para establecer una nueva diferenciación entre el alumnado graduado -donde vuelven a tener que ver las pelas-, y así, sucesivamente. Las universidades, sometidas al Proceso de Bolonia en tiempos de falsa crisis, empezarían a experimentar las consecuencias de una «búsqueda de la excelencia», según el portal web del MECD, basada en «la mejora de las metodologías docentes» y en la mejora «de la calidad científica de las universidades, promoviendo la investigación fundamental en todas las áreas del saber», todo sin embargo, a golpe de tijera.

Si bien se había reformado el sistema universitario para fomentar la enseñanza práctica en grupos reducidos y potenciar la investigación en todos los ámbitos, las facultades empezaban a encontrarse con que los refuerzos no llegaban, ni los humanos ni los materiales. Por su cuenta, el alumnado que había sido sometido sin ninguna otra opción al incremento del precio de las matrículas para satisfacer esta necesidad del Estado español de sumarse -según los preámbulosal Espacio Europeo de Educación Superior, auguraba otra subida de tasas, esta vez a manos del Partido Popular. En el caso de Catalunya, las tasas aumentaron un 66% en 2012, siendo aproximadamente 2.500 euros el coste por año de los grados universitarios públicos. En este contexto hay que apuntar que Alemania, en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y en el corazón del ejecutivo español, educa el futuro de su país gratis. En investigación, el otro paradigma de excelencia del EEES, se recortó más de un 25%.

Actualmente, con Bolonia hasta los huesos, el sistema universitario está sometido a la mayoría absoluta del Partido Popular y su representación carnal es José Ignacio Wert, de familia humilde y con camisa y corbata, entre otras cosas, por la beca que un día recibió para estudiar, a las que el Estado español destina actualmente un 0,11% de su PIB. Se lo confesaba él mismo hace unos días a Ana Pastor en una entrevista -si es que se le puede llamar así- en el Objetivo de La Sexta el pasado domingo 12 de enero. Después le decía que cuando acabe con la LOMCE se pondrá a trabajar con las universidades -él que puede-. Le decía que lo hará «inteligentemente y desde el consenso». Es decir, a hachazos pactados en familia, como marca la tradición política española, pero dicho con palabras idóneas de las que ilustran grandes ideas y tiran los principios básicos de la democracia al vertedero del capitalismo.