Los problemas no dejan de agudizar las tensiones en el seno del Gobierno y del PP. A la dimisión de Gallardón a fines de septiembre con la retirada del proyecto de ley sobre el aborto, , hay que sumar ahora a Ana Mato en la cuerda floja tras la gestión prepotente e irresponsable –junto al Consejero de la Comunidad de Madrid- de la crisis del Ébola. Antiguos altos cargos del PP son imputados por fraude: Rodrigo Rato, la mano derecha de Aznar, con las tarjetas opacas de Bankia, y Acebes, exsecretario general del PP y ministro del interior y justicia, con la caja B del PP, tras los papeles de Bárcenas.

En el terreno económico los nubarrones aparecen tras haber anunciado el fin de la crisis este verano a bombo y platillo. La paralización de la economía europea prosigue y anuncia una tercera recesión. Los presupuestos que acaba de presentar el gobierno para 2015 están de espaldas a esa realidad e insisten en que «lo más complicado ya ha pasado» y se basan en un crecimiento que haga repuntar el consumo. El Gobierno prevé una reducción en los gastos por prestaciones de paro, pero el empleo en este trimestre ya se está desacelerando y más de un tercio del empleo que se crea se hace a través de autónomos. La partida de la deuda se lleva 100 millones de euros al día en intereses, mientras la deuda sigue creciendo y superará el 100% del PIB –a pesar del maquillaje de añadir las actividades ilegales-. Con lo que, a pesar de las declaraciones de que se acabaron los recortes, hay elecciones a la vista, no hay que bajar la guardia.

Ciertamente el Govern de la Generalitat ha dado un paso atrás evitando el enfrentamiento directo, pero la situación sigue lejos de estar controlada por el Gobierno. Mas tenía dos opciones: seguir adelante con el mandato popular y desacatar el Constitucional o acatar al Constitucional y desacatar el mandato popular. Optó por la segunda. La convocatoria del 9N devaluado en una macroencuesta voluntaria tiene la finalidad de ganar tiempo y entrar en la política de desgaste del movimiento independentista catalán. Pero el pasado 19 de octubre decenas de miles de catalanes salieron a exigir al Govern firmeza y una convocatoria en tres meses de elecciones, lo que motivó la reacción airada de CiU. Unió Democràtica, el partido de Duran y Lleida, ya se desmarca y afirma estar en contra de la independencia, mientras la posición de IC/EUiA es más que dudosa. Al cierre de este artículo el Gobierno se plantea recurrir también la nueva «consulta».

El 9N –caso de celebrarse- queda como un tránsito y una nueva declaración de voluntades, pero tras la diada y por cuarto año consecutivo de movilizaciones masivas, hay que pasar de las intenciones a los hechos. Todo apunta a unas elecciones anticipadas con un pronunciamiento de las candidaturas sobre cómo resolver el derecho a decidir del pueblo catalán. Es preciso construir un gran frente por la ruptura con la Monarquía y pronunciamiento por una República Catalana con medidas de lucha anticapitalistas. Romper con la Monarquía es un paso imprescindible para recomponer la relación entre los pueblos, que queremos sea lo más estrecha posible.