El próximo 26 de septiembre Feijóo intentará una más que probable investidura fallida. El presidente del PP esperaba si los barones del PSOE presionaban como en octubre de 2016, que con algunas abstenciones permitieron la investidura de Rajoy, pero esta vez Sánchez tiene un mayor control del aparato. El escoramiento del PP hacia Vox también lo hace casi imposible. La cuestión parece reducirse a si Sánchez conseguirá reunir todos los apoyos que necesita para obtener la mayoría (con un gobierno PSOE o PSOE/Sumar), y si no, vamos a nuevas elecciones. En cualquier caso, la táctica del PSOE es tirar el balón adelante, dejar que pase el tiempo y que las contradicciones hagan madurar la situación.

A cambio de los votos para hacer a la socialista Francina Armengol presidenta del Congreso, ERC y JXC, junto con Bildu y el BNG, pidieron un gesto hacia las lenguas cooficiales, para poderlas hablar en el Congreso y en Europa, y una desjudicialización del Procés. Ahora para la investidura ponen el acento en la amnistía, financiación y traspasos como el de Cercanías. Es evidente que no habrá compromiso alguno sobre un referéndum de autodeterminación.

El debate sobre una posible amnistía está sobre la mesa y parece decisivo. Es necesaria una amnistía para reconocer que el estado violó derechos fundamentales, y también acabar con el sufrimiento de los y las 4000 represaliados/as. Pero una amnistía también puede ser un procedimiento para enterrar el referéndum del 1 de Octubre. O una amnistía puede acabar poniendo en el mismo saco a represores y reprimidos. En ese sentido Yolanda Díaz avanzaba que podía servir también para los policías y guardias civiles encausados. Es evidente que una amnistía en estos casos sería la consolidación de la represión que aplicó el estado contra el legítimo derecho de los catalanes a decidir su futuro. Sería una segunda edición de la nefasta amnistía de 1977 que, a nombre de dejar libres a los luchadores y luchadoras, dejaba impunes las atrocidades del franquismo y lo blanqueaba.

El margen de maniobra que tienen ERC y sobre todo JXC es muy estrecho, y se arriesgan a un nuevo castigo del independentismo en unas elecciones autonómicas que no tardarán en convocarse. Por eso no se puede descartar que las negociaciones fracasen y vayamos a la repetición electoral. Creemos que no debe apoyarse la investidura de Sánchez, más aún cuando la alternativa son nuevas elecciones en enero.

Vuelven los recortes

Pero, sea cual sea el resultado final, lo que está claro es que la Comisión Europea ya ha advertido que acaba el período de excepcionalidad sobre el control de déficit y deuda pública, y que se vuelve a los topes del 3% de déficit y un 60% del PIB. Y advierte que las previsiones que plantea el gobierno Sánchez no se ajustan al techo de déficit y que es necesario un recorte adicional en los presupuestos de 2024 de casi 10.000 millones de euros. Aún no nos hemos recuperado de los recortes anteriores del 2012, y ya reclaman otros nuevos.

La inflación que no acaban de controlar en la UE e impulsa a los bancos centrales a seguir aumentando los tipos de interés crea mayores dificultades de financiación a una economía que se va deteniendo. El crecimiento del segundo trimestre se redujo en los países de la OCDE hasta el 0,4%. El FMI vuelve a advertir de una recesión en la segunda mitad de 2023 y 2024, mientras China se desacelera y ve cómo se le caen las exportaciones.

Sánchez presume de crecer por encima de la media de la UE y que tiene la inflación más controlada. Pero apenas en el segundo trimestre de 2023, la economía española recuperaba el PIB de antes de la pandemia (que cayó un 11’3% en 2020), mientras que la media de la OCDE había superado en 5’1% el nivel de 2019. Es decir, todavía no hemos llegado donde estábamos que ya volvemos a caer. La deuda pública marcaba un nuevo récord este verano con 1.568 billones de euros (113% del PIB), lo que supone un aumento en el último año de un 6,4%. Y con la subida del precio del dinero, también crecen los intereses que pagamos por esa enorme deuda.

Estas dificultades de la economía explican que el estado español sea el estado de la Unión Europea donde más han crecido las declaraciones de empresas en quiebra. Casi se han triplicado: de las 3.658 de 2020 a las 9.606 de 2022. Ciertamente que esto no ha comportado una fuerte destrucción de puestos de trabajo, pero sí de un aumento de la precariedad y una caída del poder adquisitivo de los sueldos. El turismo, sinónimo de sueldos bajos y mucha precariedad, ha aguantado la subida del PIB de los últimos meses, mientras la industria sigue perdiendo peso.

Por todos estos motivos, la situación empeora para la clase obrera y las clases populares, ya sea con un gobierno Sánchez o con la convocatoria de nuevas elecciones. La defensa de sueldos y pensiones contra una subida de precios, particularmente de la alimentación y de la vivienda que son dos pilares fundamentales, exigirá movilizarnos y cuestionar el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva firmado por CCOO, UGT y la CEOE el 31 de mayo, que aceptaba la pérdida de poder adquisitivo de 2022 (un 2,8% de aumento de los sueldos con una inflación del 8,5% inflación). Habrá que volver a defender los servicios públicos ante nuevos recortes. Necesitamos organización y movilización. Y una vez más volver a insistir en que debemos reagrupar fuerzas a la izquierda del PSOE-Sumar-Podemos-IU. Sin esta construcción de una alternativa para la ruptura con el régimen y el sistema capitalista, seguirá la cuenta atrás para la llegada de la derecha y la extrema derecha al Gobierno.

Lucha Internacionalista
1/9/2023