Cuanto más se agrava la crisis,
más noticias encontramos que
intentan cargar el peso de los
problemas sobre las espaldas
de los trabajadores inmigrantes,
uno de los sectores más
explotados y que padecen las
peores consecuencias. Los
discursos abiertamente xenófobos,
como el del alcalde de
Vic (CIU) reclamando la denuncia
de los «sin papeles» que
quieran empadronarse, o el
tríptico del PP de Badalona, se
abren camino buscando
cabezas de turco y la división
de la clase obrera.
Uno de cada tres parados es de
origen extranjero, según la EPA, y
la tasa de paro entre los recién llegados
es de casi el doble (28%) que
la de los nacidos en el Estado español.
El paro supone para estos
compañeros una doble condena, ya
que para muchos puede comportar
la vuelta a la ilegalidad si, en el
momento de renovar los papeles,
no han cotizado suficiente tiempo.
Además se calcula que hay, como
mínimo, 900.000 trabajadores sin
papeles, sometidos a una brutal
sobreexplotación.
Desde el 2000, la oleada de entrada
de trabajadores venidos de
fuera llenó un vacío de mano de
obra. Los discursos racistas quedaron
muy aislados ante la evidencia
de que no competían por los
mismos puestos de trabajo, sino que
los recién llegados ocupaban los trabajos
con peores condiciones. El
gobierno, la patronal, las ONG y las
direcciones sindicales mayoritarias,
generalizaron entonces el discurso
de que la inmigración era necesaria
desde un punto de vista económico
y que era «rentable» (saneamiento
de las finanzas de la Seguridad Social,
mano de obra para el boom de
la construcción...) Ahora, con la crisis,
el discurso se ha girado hacia el
«aquí no hay trabajo para todos, ya
os podéis marchar».
La polémica sobre el empadronamiento,
o la medida estrella de
Corbacho de ofrecer la capitalización
del paro a cambio de retornar
al país de origen, no sirven para rebajar
el paro sino sólo para extender
entre la clase trabajadora el
mensaje de que el inmigrante sobra,
que se tiene que ir, porque
ahora sí está planteada la competencia
por el puesto de trabajo.
Cada día toma mas fuerza la imagen
del inmigrante parado y vuelve
el discurso del colapso de los servicios
públicos y el monopolio de las
ayudas sociales por los inmigrantes
(cuando esto no es a causa de la
inmigración, sino por los continuos
recortes y privatizaciones).
Qué está pasando
con el padrón
Finalmente el alcalde de Vic,
Josep Maria Vila de Abadal, se ha
echado atrás. Después de anunciar
por todas partes que delataría
a la policía a los inmigrantes sin
papeles que se empadronaran,
todo ha quedado en nada: el ayuntamiento
denunciará sólo a los que
presenten documentos falsos, cosa
que no supone ninguna novedad.
Pero el mal ya está hecho. Una
encuesta publicada por el diario La
Vanguardia el pasado 16 de mayo
afirmaba que un 52% de los catalanes
está de acuerdo con que los
ayuntamientos denuncien a los sin
papeles. La cifra se disparaba entre
los votantes de CIU y PP.
El empadronamiento de la gente
en situación irregular está normalizado
en la inmensa mayoría de
ayuntamientos del Estado. La inscripción
en el padrón da acceso a
la educación y la sanidad públicas
y también sirven como el
mejor indicador de la población
real de un municipio,
dato que está relacionado
con la aportación estatal que
le corresponde.
Sólo Vic, Torrejón de Ardoz
y Ceuta y Melilla ponen trabas
a los inmigrantes sin
papeles que quieren empadronarse.
Salt (Girona) no
empadrona inmigrantes con
un visado de turista en vigor.
Hasta hace poco tanto
Reus, como Tortosa, exigían
tanto a autóctonos como a
extranjeros que el dueño del
piso se presentase personalmente
en el ayuntamiento en el
momento de hacer la inscripción y
mostrase el contrato de alquiler y la
escritura de la casa. Una campaña
de las entidades locales, con participación
de CGT, ha conseguido
suavizar estos requisitos.
Es necesaria una respuesta
de clase
Reivindicamos el derecho de todo
trabajador a moverse por el mundo
para encontrar condiciones de vida
y de trabajo mejores. Denunciamos
que toda ley de extranjería que discrimine
a los trabajadores por su origen
no para este movimiento, pero
abre una fractura inaceptable en el
corazón de la clase obrera, que busca
el divide y vencerás, al servicio
de la patronal y del gobierno.
El veneno de la división en la clase
obrera es lo que permite que el fascismo
germine. A esta fractura que
hoy se produce por origen, se suma
la que se ha creado entre precarios
y fijos, por edades ante los expedientes
de regulación, entre trabajadores/
as de diferentes países de una
multinacional, por quién se queda
una producción y por quién cierra.
Los pretextos de la división pueden
ser muchos y la burguesía siempre
los agita para salir ganando. La lucha
de la clase obrera ha de unirnos
si de verdad queremos afrontar
la crisis y sus terribles consecuencias
para los y las trabajadoras. O
nos salvamos todos y todas o no se
salvará nadie.
