El pasado mas de mayo, y tras afirmar por activa y por pasiva que las escuelas de adultos que hay dentro de las prisiones continuarían dependiendo del Departamento de Justicia, de un día para el otro, la Generalitat anunciaba el traspaso de los centros al Departamento de Educación como se pedía desde hace años desde el colectivo. El cambio de decisión llegó tras la movilización de más de mil personas de escuelas de personas adultas que ocuparon el 10 de mayo la plaza de Sant Jaume de Barcelona.

El traspaso se debe hacer con fecha de 1 de enero del 2008, pero en la práctica, la Generalitat quiere quitar con una mano lo que ha tenido que ceder con la otra. El decreto de traspaso se limita a un simple trámite de nóminas, pues el centro penitenciario –a través de su régimen- quiere seguir siendo determinante sobre las actividades de la escuela de adultos y el profesorado. Centro a centro, los claustros han debatido la necesidad de que el traspaso sea completo y que, por lo tanto, se acabe la dependencia de las escuelas de la política penitenciaria. Se inicia un plan de movilizaciones con el apoyo de las organizaciones sindicales.

Si Justicia no quiere soltar a los maestros, es por no perder un instrumento más de control del interno, ni quiere personal por fuera de las directrices directas de la dirección de la prisión. En todo caso, el reconocimiento del derecho a la educación del interno no tiene ninguna consideración prioritaria.

Cuando un juez establece una condena de prisión niega al condenado muchos derechos, pero quedan otros que hay que preservar, como los derechos a la educación y a la salud. Y es de mínimos que la defensa de estos derechos se haga con el máximo de plenitud y no subordinada a las decisiones de la dirección de la prisión, más allá de cuestiones muy justificadas de seguridad. Porque la educación es un derecho, no puede estar condicionada al régimen de castigos y beneficios del sistema penitenciario. La necesidad de independizar las funciones de la escuela de las direcciones de los centros penitenciarios, y más con la política penitenciaria definida, se convierte en un paso obligado en la defensa del derecho a la educación del interno.

La política penitenciaria

Si en algún lugar hay un abismo entre lo que se dice y lo que se hace, es en la política penitenciaria. Podemos leer: "El Congreso asume plenamente el hecho de que el objetivo principal de las penas y las medidas de ejecución penal es la reeducación y la reinserción social. Este objetivo no deriva únicamente del mandato legal, es también el imperativo de una tradición política de orientación humanista que apuesta por el desarrollo de todas las dimensiones de la persona" (Resolución del Congreso Penitenciario Internacional, organizado por el Ministerio del Interior del Gobierno de España y por el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, con la colaboración del Consejo de Europa, Barcelona, 30-31 de marzo, y 1 de abril de 2006). En consecuencia, los planes de "tratamiento" deberán ser el centro de la vida de las prisiones. Pero la realidad es justamente la contraria: el centro de la política penitenciaria es la represión y el control del preso, que no genere problemas y que salga lo menos posible no sea que se cuestione la dirección del centro. La consecuencia de esta política supone una degradación personal prácticamente inevitable del preso, pero esto –del todo constatable- sería para el sistema penitenciario sólo un gdaño colateral h. La greinserción h y los planes de tratamiento en realidad son secundarios. El intento de democratización de las prisiones, que tantos esfuerzos supuso para muchos compañeros y compañeras, se estrella así –como en otros sectores - contra una política consciente de los sucesivos gobiernos centrales y autonómicos.

Los datos que hace unos días aportaba el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) no dejan ninguna duda de lo que decimos:

· El Estado español es uno de los estados con menos hechos delictivos, menos denuncias, menos personas procesadas, y menos condenadas... pero es el que tiene más presos, porque el 62’4% de las condenas suponen prisión (por delante del 6% en Alemania, por ejemplo), mientras que las penas de multas o trabajos comunitarios son mínimas.

· En el Estado español, la duración media de las condenas es más larga que en el resto de estados europeos (15’4 meses por término medio respecto de los 1’2 de Suiza, por ejemplo).

También nos dice que esta política de encerrar en la prisión ha ido a más en los últimos años:

· Ha habido un crecimiento muy rápido de la población encarcelada respecto al crecimiento de la delincuencia, que provoca masificación y costosas inversiones en nuevas prisiones y en el mantenimiento de las viejas.

· Que Catalunya tiene el récord europeo al ser quien menos concesión de libertades condicionales hace. Y este índice no ha dejado de disminuir con los gobiernos “de izquierdas”.

En definitiva, el propio Síndic concluye y critica que todas las reformas y la política penitenciaria han supuesto encerrar a más gente y más tiempo en las cárceles.

Gobernar con el miedo y la inseguridad

Aporta también elementos clarificadores del por qué de esta política. Nos dice que los estudios demuestran que en Catalunya hay una alta sensación de inseguridad, cosa que contrasta con los datos, advirtiendo del tratamiento mediático que se hace del tema. Afirma que, así como todas las reformas del Código Penal y del régimen penitenciario endurecen el recurso a la prisión, sólo un 7% de la población catalana encuestada apoya esta política, y el 65% pide menos prisión y más servicios a la comunidad. Es decir, no es que la gente pida más endurecimiento, sino que desde un lado se crea un estado de opinión de inseguridad que sirve para generar una respuesta conscientemente más represiva.

Este recurso de incentivar el miedo y la inseguridad ha sido una constante de los Gobiernos en todo este periodo, con el objetivo de fortalecer los aparatos policiales de los estados. Bush, y ahora Sarkozy, son especialistas. Pero también la izquierda institucional, con el PSC, ERC, ICV-EUiA, rivalizan con la derecha para demostrar que también son partidos “de orden” y muestran el miedo de que se los pueda tildar de ’blandos’. Dejamos sin embargo para otros artículos la profundización de esta reflexión.

La defensa del derecho a la educación también en las prisiones.

El mismo documento del Síndic es muy clarificador por lo que no dice. El estudio, de 185 páginas, se elabora en base a un detallado análisis de la situación de las prisiones y la comparación con la realidad del resto de Europa, y acaba con conclusiones y propuestas. Pues bien, no encontraremos ni una sola referencia a la enseñanza ni a las escuelas dentro de las prisiones. A tal punto la prisión minimiza el derecho del interno a la educación, que para un observador externo la educación en la prisión es invisible, y su papel está disuelto.

Así pues, ofrecer el máximo de posibilidades al interno/a de desarrollarse a todos los niveles del sistema educativo (reglado o profesional) pasa por dar un vuelco a la subordinación de la educación a la política penitenciaria: salir de Justicia y del reglamento penitenciario. Pasa por el reconocimiento de una entidad –la escuela pública de adultos- que debe tener plena identidad y un objetivo claro: el desarrollo del derecho a la educación pública. Justamente porque esta defensa está a contracorriente de la tendencia cada vez más represiva del régimen penitenciario, no será fácil conseguirlo. Hará falta unir a todos los centros en la lucha por el traspaso completo a Educación y por el derecho de los internos e internas a la educación pública.