¿Cómo responder a la agresividad
del capitalismo que está quitando en
cuestión de meses conquistas que
costaron años y obligaron a duras
luchas por conseguirlas? ¿Cómo
responder a la creciente represión
policial del estado? Ante esta realidad
hay la tentación de buscar atajos,
de asumir desde unos pocos lo
que debe ser el resultado de la acción
de muchos; de separarse de la
lucha por la movilización de una mayoría
obrera y popular, de ir a la acción
directa en lugar de la acción
de masas, la tendencia al individualismo
«salvador» que quiere resolver
lo que la supuesta mayoría «gris» y
apática se muestra incapaz de hacer,
o acciones que despierten conciencias.
Los clásicos del marxismo
combatieron esas tendencias de un
sector que se reclamaba del anarquismo,
que corresponderían a grupos
autónomos hoy, o directamente
a quienes priorizaban las acciones,
sustituyendo la lucha obrera por
la lucha armada.

Las acciones con grupos
encapuchados favorecen la presencia
de infiltrados policiales. Es absurdo
especular sobre quién empieza
a quemar contenedores, si los
grupos autónomos o los propios infiltrados
de la policía. Lo cierto es
que la policía puede estar interesada
en que esos sucesos se
propaguen, pues le permite
una represión generalizada
e indiscriminada como
en el 29, y a la vez se pueden
utilizar para eclipsar el
movimiento de la mayoría
y sus reivindicaciones. Así
ocurrió, al día siguiente de
la huelga general el debate
sobre la violencia y «los violentos» desplazó el de la
huelga y la respuesta masiva
en las manifestaciones.

El debate sobre la violencia
se utilizó para dejar
en segundo plano el de la
Reforma Laboral, del mismo
modo que el debate
sobre el terrorismo y ETA
pudo eclipsar por años el del derecho del pueblo vasco a su
autodeterminación nacional.
Nuestra posición ante esos procesos
es clara: rechazamos esas
formas de lucha, no porque no haya
motivos para odiar a la banca o enfrentar
a la policía, sino porque las
acciones de unos pocos alimentan
y justifican el incremento de la represión
sobre el conjunto; hacen el
juego a la dinámica acción-represión
y desvían el objetivo central del
choque entre las clases. No somos
pacifistas o «no violentos», la lucha
de clases contiene elementos de
violencia, normalmente la violencia
de las minorías sobre la gran mayoría
a través de los instrumentos
del estado, en ocasiones también
el legítimo derecho a la defensa de
esa mayoría. En ese sentido fue
legítima la resistencia armada del
pueblo libio, o la del palestino contra
la ocupación, como sería legítima
una insurrección griega contra
el saqueo al que están sometidos.

Pero esa legítima acción violenta de
la mayoría nada tiene que ver con
que grupos aislados se la atribuyan.
Con la misma decisión que hay
que separar los grupos autónomos
de las manifestaciones obreras y
populares, pues estas no pueden
ser los escudos humanos del accionar
de los primeros, no somos
neutrales en el enfrentamiento entre
estos grupos y el aparato policiaco-
judicial. No condenamos a
militantes que optan por esa forma
de lucha, pues la condena es un
término jurídico que justificaría la
acción de la justicia contra ellos y la
justicia del estado no está legitimada
para actuar contra la reacción
de un sector popular hacia el gran
responsable de la violencia.

La fuente
de la violencia la genera el estado
al servicio del capitalismo. Las
clases dominantes saben que son
una minoría social y exigen tener el
monopolio exclusivo de la violencia
para mantener su posición privilegiada
contra la amplia mayoría. La
gran violencia la engendra un desahucio,
la persona expulsada al paro
después de una vida de trabajo, los
recortes en la sanidad, que los servicios
sociales no puedan atender a
personas con problemas para alimentar
a sus familias... Pero esa violencia
cotidiana es «legal».

Hay cientos
de muertos a consecuencia de
esas medidas legales, aquí y, no digamos,
en Grecia. La respuesta de
sectores populares -aunque se rechacen
los métodos- hay que inscribirla
como respuesta a esta gran
violencia de los amos del mundo.