Cada vez hay menos ayudas y
cada vez hay más personas afectadas
por el paro y los efectos de la
crisis. Esto nadie lo pone en duda.

La Renta Mínima de Inserción –en
Catalunya PIRMI- y sus equivalentes
ya han sido recortadas en todo
el estado. El verano de 2012, el
gobierno de Artur Mas cambió la
forma de pago de las ayudas, de
transferencia bancaria a cobro mediante
cheque personal, lo que supuso
el retraso para el cobro de
unas 40.000 ayudas.

También endureció las condiciones (acreditar
dos años de residencia continuada
en Catalunya, que los ingresos de
los últimos 12 meses sean inferiores
al Salario Mínimo, y duración de
60 meses), lo que redujo la ayuda
en unas 4500 personas. Esto provocó
una lucha de los trabajadores
de los servicios sociales y de una
parte de los afectados ya en Agosto
y Septiembre del pasado 2012. Sin
embargo, esos recortes del PIRMI
se mantienen todavía hoy, y, al ser
una ayuda sujeta a presupuesto,
cabe esperar nuevos recortes.
Ante esto, así como ante el innegable
hecho del crecimiento de la
pobreza y la miseria como producto
de la crisis, y ante la insuficiencia
de los actuales subsidios de desempleo,
que ya más del 60% de
parados no cobra
en Catalunya, las
asambleas de parados
del área de Barcelona
han asumido
la iniciativa de
recoger firmas para
presentar una ILP al
Parlament defendiendo
una PIRMI
‘mejorada’: la Renta
Garantizada de
Ciudadanía, con
parecidas limitaciones
(mayoría de
edad, residencia de
1 año, ingresos inferiores al SMI), y
con una prestación equivalente al
Salario Mínimo: 664 euros/mes.

Tal como se presenta, desligada
de cualquier planteamiento respecto
a cómo dar solución a los problemas
de los trabajadores/as y de
la población empobrecida, pese a
los apabullantes datos en los que
se apoya, la iniciativa no supone
avance alguno con respecto a la
situación actual.
En primer lugar, la propuesta no
explica de dónde saldrá el dinero
para la ayuda. El hecho de hacer
creer que una Ley, por más que se
base en el Estatut de Autonomía de
Catalunya o en la Constitución española,
aún en el caso de que se
aprobara, pueda ser suficiente para
garantizar el pago de una ayuda en
un momento de recortes en las ayudas
existentes, genera una ilusión
que se verá irremediablemente defraudada:
los fondos públicos continuarán
siendo absorbidos por el
pago de la deuda, y no habrá dinero.

Mientras se continúe pagando
la deuda, las ayudas serán insuficientes,
o serán repartidas en función
de quien más presione o de
los intereses clientelistas de los gestores.
En segundo lugar, la propuesta
da un gran margen de maniobra a
las instituciones que están gestionando
la crisis, para hacer discursos
de propaganda sobre su compromiso
con los desfavorecidos que
contradicen las medidas que toman.

El Ayuntamiento de Barcelona,
gobernado por la misma CiU
que recorta el PIRMI, se ha pronunciado
a favor de la ILP. También
lo ha hecho, entre otros, el
Ayuntamiento del Prat de Llobregat,
que se niega a hacer planes de
empleo y que también tiró a la papelera
la propuesta de contratación
directa de parados del municipio
por media jornada y 600 euros, el
pasado Noviembre.

En tercer lugar, sin perspectiva de
salida, la ILP tampoco se acompaña
de alguna propuesta de creación
de empleo, ni de recuperación
de los puestos de trabajo perdidos.
Supone un retroceso con respecto
a las reivindicaciones históricas del
movimiento de parados: planes de
empleo y subsidio hasta encontrar
trabajo.
En cuarto lugar, la cuantía de la
prestación, equivalente al salario
mínimo, además de que crearía un
agravio frente a aquellos trabajadores
y trabajadoras que cobren el
salario mínimo trabajando, tampoco
es suficiente para garantizar un
nivel de vida digno ante los aumentos
de los precios, del transporte,
de la luz, agua y gas, las tasas escolares
y universitarias, etc.

Finalmente, la vía de la ILP es una
vía sin salida, como acaba de demostrar
a nivel estatal el caso de la
ILP de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca, que fue retirada por
sus impulsores debido a las enmiendas
presentadas en el parlamento,
y que no ha dado ningún fruto: ni
dación en pago, ni alquileres sociales,
pese a contar con 1.400.000
firmas. Las ILP sí permiten, sin embargo,
que los diputados y diputadas,
especialmente de Izquierda
Unida, pero también del PSOE, desde
la oposición, hagan declaraciones
de apoyo a los desfavorecidos
que luego, cuando gobiernan o colaboran
con los gobiernos, están muy
lejos de cumplir. Y permite también
que desde los Ayuntamientos puedan
eludir la responsabilidad de creación
de Bolsas de Trabajo centralizadas
y Planes de empleo público, frente
a los abusos de la patronal, que
tira los salarios y las condiciones de
trabajo a la baja por
la competencia entre
trabajadores, y de
los mediadores que
especulan con la
contratación, como
las ETTs.

Pero ¿significa
esta crítica que no
hay que hacer nada
ante el drama de
millones de familias
trabajadoras arrojadas
a la miseria? En
absoluto. Significa
que no debemos
dejarnos llevar por el discurso de la
caridad y de las ilusiones en que el
capitalismo puede tener ‘rostro humano’.

La lucha es el camino y nadie
nos va a dar nada desde las instituciones
que administran el capitalismo.
Por supuesto que hay que
luchar por planes de empleo y por
subsidios hasta encontrar trabajo,
contra los despidos y los ataques a
las condiciones laborales y los salarios,
en defensa de los servicios públicos,
los servicios sociales y las
pensiones. Pero para todo ello debemos
exigir ya el no pago de la
deuda y la ruptura con la Unión Europea
para impulsar una política de
creación de empleo, basada en la
reindustrialización, la recuperación
agrícola, la vuelta atrás de todas las
privatizaciones, y la nacionalización
de la banca, bajo control obrero,
para poder afrontar esa política en
beneficio de la mayoría con el dinero
que ahora sirve para agrandar los
beneficios de los especuladores.