El discurso xenófobo y racista se ha establecido en sectores importantes de la clase obrera. La crisis económica y el endurecimiento de las leyes específicas para los emigrantes lo empujan, avalados por la Unión Europea. Es fácil enzarzarse en discusiones, incluso con sectores del activismo -especialmente en la lucha contra el paro- en las que aparecen trazos gruesos de ese discurso («yo no soy racista, pero primero los de aquí») a cuya sombra crecieron la extrema derecha y el fascismo militante durante los años 90 y 2000.

Pero no es sólo la extrema derecha o el endurecimiento de las leyes contra los inmigrantes lo que promociona este discurso. También la izquierda, (en ayuntamientos, en gobiernos autonómicos, o cuando ha estado en el gobierno estatal) apoya sus políticas al servicio de la patronal y la banca en ese discurso xenófobo y racista, como una justificación más de su papel de gestores de los recortes sociales y laborales («impuestos por otros», pero ejecutados con eficiencia por los gobernantes que obtienen el voto de los trabajadores y trabajadoras).

Más recientemente, esas políticas se acompañan con «acciones solidarias» que hacen pensar en la «caridad» de la iglesia católica, impulsando iniciativas como los ‘bancos de alimentos’ o los ‘puntos solidarios’, que no crean ni un solo puesto de trabajo pues normalmente son realizadas por voluntarios que obran de buena fe. Si esas iniciativas no van acompañadas de políticas de creación de empleo público y de lucha contra los despidos, las privatizaciones y los recortes sociales, o el pago de la deuda, resultan insignificantes aunque «den el pego» en la propaganda institucional. Y por supuesto, esa izquierda ya no dice una palabra sobre los derechos políticos y sociales (como el derecho al voto o la reciente exclusión de la sanidad pública) de los y las emigrantes, o sobre los acuerdos con otros estados para facilitar los flujos migratorios que tantos beneficios han generado al capital financiero, ni sobre la utilización de los recortes en el salario y contratación de inmigrantes para aplicar esos mismos recortes ahora al resto de trabajadores y trabajadoras, especialmente a los más jóvenes.

La tragedia de Lampedusa (Ver LI 127, «Lágrimas de cocodrilo por Lampedusa») pone en primer plano los cambios en la emigración hacia la UE y el aspecto político de la misma que, con el cierre de fronteras del tratado de Schengen (la Europa-fortaleza), muestra a las claras el carácter prof u n d a m e n t e antidemocrático de la Unión Europea en el maltrato a los refugiados y desplazados que huyen de la violencia política en sus países (Siria, Somalia, Sudán...). Sin embargo, la crisis económica comienza a provocar otro fenómeno: de los 2 millones de personas que han abandonado el estado español en los últimos 4 años, 700.000 son de nacionalidad española. Y esto supone que esa fuerza laboral va a ser empleada ahora en inferioridad de condiciones en otros países de la UE y del resto del mundo. A este respecto, el PSOE ha presentado un decálogo de medidas para la protección de los emigrantes españoles en el extranjero, y una moción en el Senado solicitando medidas para frenar el ‘exilio económico’.

Esta insuficiente manifestación política del PSOE, el partido del acuerdo de Schengen (1995), de las reformas de la Ley de Extranjería y, junto al PP, de los Centro de Internamiento de Extranjeros, no deja de ser una prueba más de que el argumento de «primero los de aquí» impregna la vida política, como si los trabajadores y trabajadoras inmigrantes fueran de otro planeta.

Y también su reciente propuesta de incrementar la presencia policial en la frontera Sur, que incluye el uso de alta tecnología represiva (drones, aviones no tripulados) para garantizar el control sobre la inmigración. Recordemos que el PSOE colocó las tristemente célebres cuchillas en la valla fronteriza de la plaza fuerte de Melilla, para impedir el acceso de marroquíes y subsaharianos.

La burguesía ha conseguido hasta ahora su objetivo de dividir a los trabajadores y trabajadoras intentando así evitar una respuesta unificada de la clase obrera a la ofensiva contra el empleo, el salario y el sector público. La consideración general de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, en los medios de comunicación y en el discurso oficial de la izquierda y de la derecha, como un «problema añadido a la crisis económica» es una prueba más de esta división. Y las consecuencias son palpables: Los trabajadores marroquíes que mantienen la ocupación de las fincas del empresario agrícola Simón Sabio de Almería, no esperan el apoyo de sus hermanos de clase, medio millón de jornaleras y jornaleros andaluces que malviven de las migajas de la Junta de Andalucía (PSOE-IU). ¿O sí?