El 31 de octubre el profesorado del Centro de Formación de Adultos (CFA) Girona fue a la huelga en defensa del derecho a la educación. La acción se inscribía en la serie de movilizaciones conjuntas con el alumnado desde septiembre.

El Departamento de Educación de la Generalitat no pone el profesorado necesario para cubrir la oferta de cursos que él mismo aprobó y la “solución” que da es que el profesorado haga más horas de clases de las establecidas La respuesta del departamento no es exclusiva de este centro. En numerosas escuelas, para poder atender a los grupos que se han apuntado, una parte del profesorado ha aumentado las horas lectivas.

Precisamente el curso pasado se había conseguido reducir este número para permitir coordinar las actividades, hacer un seguimiento tutorial y mejorar así la calidad de enseñanza. En otra escuela, la CFA de Sant Boi, también hay movilizaciones porque la administración no quiere permitir un grupo de alumnos (28 + 21 en lista de espera).

Girona o Sant Boi son tan sólo la punta de un iceberg, en realidad la mayor parte de centros están con listas de espera y eso sin que se haya hecho la campaña de información y potenciación que se había comprometido a hacer el Departamento de Educación. El problema es que este alumnado en lista de espera que cada año se pierde no sale a la luz pública y, por la vía de los hechos, ve negado el derecho elemental de la persona adulta a la enseñanza pública.

El Govern del PSC-ERC-ICV-EUiA ha incumplido por tercer año consecutivo el pacto firmado con la representación sindical, en el que se responsabilizaba a un aumento del 20% del alumnado cada año, para recuperar y consolidar la red de centros públicos. Si el Departament está decidido a eliminar toda resistencia es porque sus planes no van en el sentido de potenciar la formación pública de personas adultas, sino en el sentido contrario. El proyecto del Govern de la Generalitat es avanzar en un proceso de municipalización y privatización del sector.

Es por ello muy importante que esa reivindicación de las escuelas de Girona y Sant Boi sea una lucha de todos los centros públicos. Para apoyarlas se están recogiendo firmas “por el derecho a la educación pública” de escuelas, entidades, organizaciones políticas, sindicales… También porque no es un problema aislado, el Departament se muestra inflexible con una reivindicación que supone apenas medio profesor más. El problema no es de dinero, sino político. Quieren demostrar que castigan aquellos centros que no se limitan a acatar sus instrucciones y luchan por una mejora y ampliación de los centros. No es casualidad que por ejemplo el CFA de Girona se haya convertido en el mayor CFA con más de 1600 alumnos/as inscritos, y no deja de crecer.

Los dos centros cuentan con el apoyo de la Mesa de la Educación de Personas Adultas (movimiento unitario de CCOO, USTEC y CGT con representantes elegidos del profesorado de centros y aulas de personas adultas). Hay que crear el más amplio movimiento para: Que autoricen la oferta comprometida en el CFA de Girona y Sant Boi y se pongan los recursos.

Que no dejen ningún joven o adulto sin educación, es decir, que se acaben las listas de espera.

Que el Departament cumpla lo que está firmado y se comprometa con la educación pública.

Porque la educación pública debe ser un derecho para jóvenes y personas adultas.