Los titulares y declaraciones de las fuerzas constitucionalistas celebraban las últimas movilizaciones de trabajadores de los servicios públicos en Catalunya. «Torra se esconde ante el avance de la Catalunya real», titulaba El Mundo. El Gobierno Sánchez, en boca de la vicepresidenta Carmen Calvo, se apuntaba también a sacar rédito para intentar aprobar los presupuestos, vinculando a ellos «el ofrecimiento» de 2.200 millones extras, que permitirían atender las demandas de mejora de la financiación de la educación, sanidad y administración pública. Pero este oportunismo político no puede ocultar la realidad. En política lo de «los enemigos de mis enemigos son mis amigos» que tan a menudo escuchamos, no funciona. Siempre se basa en simplificaciones absurdas de la realidad que no permiten analizar su complejidad: ya que ERC y PDeCAT han dirigido hasta aho- ra el proceso, cualquiera que los cuestione cuestiona el proceso. Pero la realidad es que dentro de los que han sacado adelante la lucha por la república catalana, no sólo hay estas fuerzas burguesas y pequeñoburguesas: hay también un sector de izquierdas que siempre ha luchado contra los recortes. También ha salido el gobierno catalán en pleno a decir que el problema se reduce a la financiación o en boca del diputado Eduard Pujol (JxCat), que las listas de espera sanitarias son «distracciones» del problema principal, que es la prohibición de celebrar un referéndum.

Las movilizaciones del sector público enfrentan las políticas de recortes que tienen tres componentes: 1) la prioridad en el pago de la deuda y las políticas de austeridad, que regulan el artículo 135 de la Constitución y la ley de estabilidad presupuestaria del 2012 que recibió el apoyo de CiU; 2) la infrafinanciación catalana; 3) las políticas privatizadoras de los gobiernos catalanes de turno. Basta recordar, por no minimizar este tercer factor, que ya hace dos años que la enseñanza privada con- certada ha superado la financiación de 2009, mientras que la enseñanza pública y las condiciones laborales del profesorado continúan hundidos y lejos de aquella situación de 2009.

Las huelgas de trabajadores públicos de estos días han sido convocada justamente por aquellos sindicatos que convocaron la huelga general del 3 de octubre (CGT, IAC- USTEC), el punto más álgido que se ha vivido hasta ahora del proceso de autodeterminación del pueblo catalán. También había en las huelgas sindicatos corporativistas, como el sindicato de médicos en sanidad o la ASPEPC en enseñanza secundaria, pero las reivindicaciones de mejora de los servicios públicos eran claras y nítidas. Y, justamente han sido las direcciones de CCOO y UGT las que han trabajado duro contra las huelgas de sanidad y enseñanza, las mismas que maniobraron -junto al gobierno Puigdemont y la patronal- contra aquella huelga general del 3-O, con el «paro de país».

Las direcciones de CCOO y UGT juegan como factor de desmovilización y de orden contra una huelga que se les escapa de las manos, y convocan huelga para el 12 de diciembre, en un intento de dividir el movimiento y debilitar las convocatorias sectoriales. No es nuevo. Convocatorias como la del 3-O, la del 8 de marzo, también las movilizaciones de los pensionistas con la Marea Pensionista, hacen que CCOO y UGT vayan a remolque de otros movimientos y sindicatos. Y este es un dato para empezar a determinar que, de la misma manera ha habido una recomposición en los partidos políticos, con la caída de los dos grandes pilares de la transición (PP y PSOE) en el mundo sindical vivimos la bajada del sindicalismo de CCOO y UGT y la irrupción de nuevas fuerzas sindicales. Catalunya.

Las huelgas de los trabajadores/ as sanitarios o de enseñanza cuestionan una política neoliberal de CiU y ERC, que firmaron los terribles recortes, una de las causas del alejamiento de un sector muy importante de la clase obrera catalana de la lucha por la república catalana. Es necesario que las movilizaciones continúen e impongan un cambio de prioridades en el ejecutivo catalán.

Este cambio de prioridades, este giro a la izquierda que necesitamos en política social, debe completarse con la construcción de una alternativa política comprometida con la república catalana. Una alternativa que vaya más allá de las indecisiones y retrocesos que ha impuesto la dirección actual de PDeCAT y ERC, pero que también avance hacia la ruptura con las políticas neoliberales, la sumisión a la deuda y las políticas de austeridad, en ruptura con el capitalismo para poner los derechos de la clase trabajadora en el centro de la política.

Este es el ensanchamiento de la base social que necesitamos: asociar las dos rupturas (con el estado y con el capitalismo) ganando a la clase obrera a la lucha por la república catalana.

Josep Lluís del Alcázar