Cero afecta el síndrome de
estrés postvacacional a la
capacidad represora del
aparato judicial del Estado
español. El curso ha empezado
con una nueva ola de
ilegalizaciones en Euskadi:
Askatasuna y las Gestoras pro
Amnistía, ANV y el PCTV.
Acompañada de la sentencia
del Tribunal Constitucional
(TC) sobre la Ley de consultas
del Parlamento Vasco y la
persecución a Batasuna en el
Estado francés.

Prohíben la consulta de
Ibarretxe

Primero, el 11 de septiembre,
la sentencia del TC declarando
inconstitucional la Ley de consultas
en la que debía de ampararse
el famoso referéndum de
Ibarretxe. La sentencia no ha sorprendido
a nadie. En realidad, la
consulta tenía como único objetivo
ser prohibida, era una huída
hacia adelante del Tripartito vasco
para salir del atolladero del
Plan Ibarretxe sin apartarse ni un
milímetro del marco institucional.
Y es que el PNV, cada día con un
equilibrio interno más precario,
juega a dos bandas: con una
mano trata de pactar los presupuestos
del Estado con el PSOE,
abriendo así camino a un eventual
pacto de gobierno con el PSE
tras las elecciones del próximo
marzo; mientras que con la otra
cubre el flanco soberanista para
arañarle votos a la izquierda
abertzale aprovechándose de
que, más que previsiblemente, el
Estado va a volver a prohibir sus
candidaturas. Por eso la reacción
a la sentencia del TC ha quedado
en un acto simbólico el 25 de
octubre, fecha oficialmente prevista
para la consulta, y, como
mucho, a recorrer al Tribunal Europeo
de los Derechos Humanos
(TEDH), lo que tiene la virtud inestimable
de dilatar el tema
durmiéndolo durante años en los
limbos de Estrasburgo.
El contenido en sí de la sentencia
tampoco es sorprendente,
pero no por eso menos grave.

El TC recuerda que el pueblo
vasco no puede ser consultado
porque éste es un privilegio que
corresponde al sujeto de la soberanía,
que, desde luego, en el
tan atado y bien atado Estado de
la monarquía, no es otro que el
pueblo español. De paso, como
adelantaba Rajoy y anunciaba
después el vicepresidente del TC,
su doctrina contribuirá a volver a
cepillarse –como decía Alfonso
Guerra- el Estatut de Catalunya.

Ilegalización de ANV y el
PCTV

En segundo lugar, el 16 de septiembre,
la sentencia del Tribunal
Supremo ilegalizando, a instancias
de la Fiscalía y del Gobierno del
PSOE, a ANV. Y, sólo 48 horas después,
al PCTV. Al Supremo –inmerso,
por cierto, en el vergonzoso pasteleo
de la renovación del Consejo
Judicial del Poder Judicial y del TCno
le hizo temblar el pulso que el
TEDH haya admitido a trámite el
recurso contra la ilegalización de
Batasuna de cinco años atrás.

ANV, un partido que tuvo ministros
en Madrid durante la República,
tiene 42 alcaldes, 127 grupos
municipales y 437 ediles –a los cuales
tendrían que haberse añadido las
candidaturas que el Gobierno de
Zapatero prohibió en las últimas
elecciones municipales. Aunque la
represión en Euskadi supera permanentemente
todas las expectativas,
parece que el Supremo no se atreverá
a cuestionar el estatuto individual
de los y las electas, pero sí que
va a ordenar que se disuelvan sus
grupos municipales, se le liquiden las
cuentas y se clausuren los locales,
incluidos los de los edificios municipales.

Es el último acto tras su suspensión
–y la del PCTV- que ordenó
el omnipresente Garzón, preventivamente
justo antes de las elecciones del 9 de marzo; y de la ofensiva
ideada por el PSE y secundada por
el PNV en algunos ayuntamientos
de tomar las alcaldías a ANV allá
dónde fuera numéricamente posible
vía moción de censura. ANV, ya
antes de la sentencia, se había adelantado
a la disolución en algunos
ayuntamientos pasando al grupo
mixto sus ediles; una medida defensiva
para conservar fuentes de
financiación que ahorra al Tripartito
mandar a la ertzaintza a disolver
ANV por la fuerza.

El PCTV, por su parte, fue inscrito
en el Registro del Ministerio del Interior
cuando la Ley de partidos ya
había entrado en vigor y el Gobierno
del PSOE no dejó de repetir que
no tenía ninguna objeción cuando
el PP lo presionaba para que instara
la prohibición de sus candidaturas
en las últimas elecciones vascas,
después de que se ilegalizara
la plataforma Aukera Guztiak. Todo
cambió, claro está, tras el atentado
de la T4. El PCTV tiene nueve
diputadas en el Parlamento de
Vitoria y, previsiblemente, el Supremo
ordenará al Parlamento Vasco
que disuelva su grupo, Ezker
Abertzalea. Como declaró su portavoz
tras conocer la sentencia,
ahora la pelota está en el tejado del
Tripartito. Recordemos que el propio
Tribunal Supremo condenó a los
miembros de Mesa del Parlamento
de la legislatura anterior, encabezada
por Atutxa, que habían votado
contra la disolución del grupo parlamentario
de Batasuna tras su
ilegalización.

Más represión

En tercer lugar, entre la
ilegalización de ANV y la del PCTV,
estuvo la sentencia del macrojuicio
contra las Gestoras Pro Amnistía y
Askatasuna. 21 personas fueron
condenadas a entre 8 y 10 años de
cárcel, entre ellas Juan Mari Olano,
y tres más absueltas. La sentencia
hace definitiva la suspensión cautelar
ordenada por el inevitable Garzón,
y es un golpe muy duro porque implica
ilegalizar y disolver las estructuras
de apoyo a los y las presas
vascas, seguramente el elemento
de cohesión más importante de la
izquierda abertzale. Precisamente
dentro del colectivo de presos y presas
se han hecho públicas algunas
disensiones, la última la carta a Gara
de Gisasola y Urrosolo, que cuestionan
que la mayoría de la izquierda
abertzale se sienta representada
por su dirección.

En cuarto lugar, la detención de
14 dirigentes de Batasuna en el
Estado francés, que cuenta con el
estatuto de asociación, y los registros
a algunas de sus sedes, que,
presumiblemente no por casualidad,
se hicieron públicas mientras
Rubalcaba y su homóloga Alliot-
Marie estaban reunidos en Toulon.
La operación partía a la vez de la
investigación del atentado contra un
complejo hotelero en Iparralde y de
una petición –de Garzón, claro
está- para investigar una transferencia
desde una cuenta del PCTV.

Pese a que todos/as los militantes
han sido liberados sin cargos, tanto
la prensa española como la propia
Batasuna lo han interpretado
como el primer paso para intentar
ilegalizarla en el Estado francés. Al
fiscal jefe de la Audiencia Nacional
le faltó tiempo para ofrecer toda su
colaboración para hacerlo posible.

Menos respuesta

ETA, como era previsible –
Ibarretxe mismo lo previó y se situó
por enésima vez en el blanco de la
derecha española-, respondió mostrando
que sigue teniendo capacidad
militar: cuatro bombas, por el
momento, que además de heridos
y daños materiales provocaron la
muerte de un suboficial del ejército
español. La respuesta política de la
izquierda abertzale, como los encierros
de cargos electos, ha sido
preocupantemente tímida. Si el
traslado de De Juana a Irlanda o la
invisibilidad de Otegi, por ejemplo,
forman parte de una táctica defensiva,
han fracasado: los dos tienen
ya órdenes de declarar en la Audiencia
Nacional. Otegi ha concedido
una única entrevista desde que
salió de la cárcel el 30 de agosto, a
una publicación local y en euskera,
en que parece apostar por un nuevo
pacto de Lizarra para poder negociar
políticamente con el Gobierno
del Estado español y mantiene
intacta la fe en los Estados europeos
–para él esencialmente democráticos,
a diferencia del Estado
español- que son un marco óptimo
para que Euskalherria pueda
autodeterminarse. Es decir, aparentemente,
nada nuevo bajo el sol.

Sólo que con una izquierda
abertzale cada vez más debilitada
por la acción represora del Estado,
que se atreve más y más y que, en
cambio, obtiene cada vez menos
respuesta. Quizás la dirección de
la izquierda abertzale tendría que ir
reconociendo que algo falla. Quizás
la estrategia militar debería
empezar a ir en la dirección de negociar
con el Estado las armas por
los y las presas. Quizás la estrategia
política debería empezar a dirigirse
a dejar de mirar hacia arriba –
PNV y gobiernos español y europeos-
y empezar a mirar hacia abajo
– fundamentalmente a los y las
trabajadoras vascas y de el resto
de pueblos del Estado español, que
directa o indirectamente también
sufrimos los brutales recortes de
derechos democráticos individuales
y colectivos que se implementan
con Euskadi como pretexto, pero
que se dirigen contra todos y todas.