El Martes 23 de septiembre se
celebró en Madrid una concentración
en defensa de la Sanidad
Pública y contra las políticas
privatizadoras que la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, está poniendo en
práctica desde hace varios años.
Esta concentración ha sido convocada
por la Coordinadora Antiprivatización
de la Sanidad Pública de
Madrid, formada por diferentes colectivos,
entre los que encuentran la Federación
Regional de AAVV de Madrid,
los sindicatos de trabajadores de
la sanidad CNT , CGT, Solidaridad
Obrera, El Movimiento Asambleario de
Trabajadores de la Sanidad Pública,
Ecologistas en Acción, y diversos
colectivos de Médicos, personal sanitario
y usuarios.

A esa hora, en el Hotel Ritz (a cuyas
puertas se celebró la concentración),
Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad de Madrid por el
PP y su Consejería de Sanidad presentaban
ante los empresarios el Plan
de Infraestructuras Sanitarias 2007-
2011 (nuevo modelo de construcción,
financiación y mantenimiento), bajo el
lema: Conozca las peculiaridades
del nuevo pliego de condiciones administrativas
particulares del nuevo
plan y aproveche las oportunidades
de negocio para su empresa.

Patrocinaban el acto:

• Ribera Salud (empresa dueña de
los hospitales de Alcira, Torrevieja,
Manises y Elche), perteneciente a dos
entidades bancarias, Caja de Ahorros
del Mediterráneo y Bancaja, asociadas
en varios de dichos hospitales a
grandes aseguradoras sanitarias: DKV,
Adeslas y Sanitas.

• Atos Origin, multinacional dedicada
a las tecnologías de la información.

Lo apoyaban:

• SEOPAN, Patronal de la Construcción,
de la que forman parte entre
otras: Acciona, Dragados, Sacyr-
Vallehermoso y FCC, empresas dueñas,
respectivamente de los Nuevos
Hospitales del Norte, Majadahonda,
Parla y Arganda y de la que es Presidente David Taguas,
ex director de la Oficina
Económica del Presidente
del Gobierno,
Rodríguez Zapatero.

• CNC, Confederación
Nacional de la
Construcción (de la que
forman parte, además
de las anteriores empresas,
Hispánica y
Begar/Ploder, dueñas
de los Nuevos Hospitales
de Aranjuez y
Vallecas respectivamente),
de la que, curiosamente,
es Vicepresidente
el mismo David
Taguas.

• ANCI: Asociación
Nacional de Constructores Independientes.

• Tecniberia - Asociación Española
de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos.

• Fenin (Federacion Española
de Empresas deTecnologia Sanitaria).

• Foro Infraestructuras y Servicios.

El acto estaba destinado (según
el propio programa) a: “Constructoras,
Entidades Financieras,
Empresas de Project Finance,
Ingenierías, Aseguradoras Sanitarias,
Empresas de Servicios de
Hospitales, Empresa de
Equipamientos Sanitarios, Despachos
de abogados y Consultoras.
El “NEGOCIO” que se ofrece
es superior a 1.000 millones de
euros, para: la construcción de 4
nuevos hospitales privados
(Villalba, Móstoles, Carabanchel y
Torrejón), la reforma integral de
grandes hospitales públicos
(Gregorio Marañón, Ramón y
Cajal , Doce de Octubre, La Paz,
Móstoles, ..) y la construcción de
50 Centros de Salud.

Estas iniciativas privatizadoras
han podido ser llevadas a cabo
por Esperanza Aguirre y su equipo
de gobierno gracias al amparo
legal que le ofrece la Ley 15/
97 “de Nuevas Formas de Gestión
en la Sanidad”, que con los
votos del PSOE y del PP, y las
abstenciones de IU y el BNGA,
fue aprobada en el _Congreso y
abrió el camino legal que permitía
transformar el sector público
sanitario en un mercado y, en
consecuencia, en una oportunidad
de negocio más. Con la
aprobación, en diciembre de 2001,
de la Ley de Ordenación Sanitaria
de la Comunidad de Madrid
(LOSCAM), se desarrolló en el
ámbito madrileño lo que la Ley 15/
97 ya había legitimado.

La Coordinadora ha puesto en
marcha una recogida de firmas a
nivel estatal con el objetivo de que
sea derogada la Ley 15/97, principal
vehículo legal en el que se
están apoyando diferentes gobiernos
autonómicos para desmontar
el sistema público de Salud, e ir
privatizándolo paulatinamente.
La movilización ante semejantes
ataques es el mejor instrumento
de que se dispone la clase
obrera para no perder unas
condiciones sanitarias que hasta
ahora eran públicas y que si son
privatizadas, sólo beneficiaran a
las empresas.