Desde hace meses, varias organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas venimos impulsando la campaña por el derecho al aborto y la sanidad universal en Catalunya. Esta iniciativa surge ante la vulneración sistemática de derechos hacia las personas migradas y en este caso en particular hacia las mujeres y personas embarazadas y menores de 18 años sin tarjeta sanitaria. Estos colectivos, hoy en día, tan solo tienen acceso a la atención sanitaria en caso de urgencias, pues, cualquier otro tipo de atención está negada, como es el caso del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Es que, a día de hoy, ni la ley catalana por la universalización de la asistencia sanitaria (09/2017), ni el real decreto estatal del 2018, contemplan específicamente estos derechos.

Esta situación es parte de una política generalizada de racismo institucional, que tiene como base fundamental la ley de extranjería − que genera miles y miles de personas sin derechos y, entonces, mano de obra disponible por precarizar y super−explotar con más facilidad- y que se manifiesta concretamente en los criterios excluyentes y discriminatorios para acceder a la tarjeta sanitaria. Pero, además, esta política, es parte también de un machismo institucional, pues, los derechos sexuales y reproductivos son en todas partes atacados y recortados en plena crisis económica por parte de gobiernos capitalistas y patriarcales, como herramienta de control de nuestros cuerpos.

En este sentido, la campaña por el derecho al aborto y la sanidad universal exige una instrucción inmediata por parte de la Consejera de Salud Alba Vergès (ERC); la reglamentación urgente de la ley 09/2017 que, entre intervención del Tribunal Constitucional y falta de voluntad del Departamento y Gobierno, aún no se ha hecho; y la reforma por lectura única de esta ley para garantizar de forma directa y sin margen de interpretaciones el derecho a la atención sanitaria de mujeres y personas embarazadas y menores de 18 años, a pesar de no tener tarjeta sanitaria.

Esta campaña ha llevado sus demandas a los distintos grupos del Parlament de Catalunya. Hoy en día tan solo la CUP-CC y En común Podem han dado su apoyo. De hecho, recientemente, en el pleno monográfico sobre el derecho de las mujeres realizado el pasado diciembre, estos grupos han presentado una moción que incorporaba estas demandas. Pero ERC, el PSC, así como JxCat votaron en contra de estas demandas que, sin dudas, son de mínimos y se trata de derechos fundamentales y de una cuestión básica de salud pública general.

Por eso se ha hecho una denuncia de esta posición del gobierno y de fuerzas que se autodenominan progresistas, en una clara expresión de violencia institucional. Entendemos este posicionamiento como parte de una disputa política más general y que se produce en todas partes: la defensa de los servicios públicos, de calidad y universales contra la orientación privatizadora actual −que tiene su punto más evidente con la Ley Aragonés−.

Hacemos un llamamiento a apoyar a la campaña por el aborto y la sanidad universal y a elaborar y fortalecer un plan de lucha y movilización en el sentido de recuperar y avanzar en derechos. Porque defender el derecho a la atención sanitaria de las personas migradas es defender el derecho a la sanidad pública, universal, de calidad y con perspectiva feminista.

Ninguna persona es ilegal.

¡Aborto universal, seguro, libre y gratuito!

Rosario de Mendieta