En Común-Podem y ERC, con JxCat a la sombra, han llegado a un acuerdo de presupuestos para la Generalidad de Catalunya y los han anunciado como los del fin de los recortes. No es difícil ver que esto es falso y que estos presupuestos mantienen la gran mayoría de los recortes de los anteriores. Y también es una evidencia que la verdadera razón del apoyo de En Común-Podem a los presupuestos no es su carácter social sino el pacto a nivel estatal entre PSOE, Podemos y ERC que incluye la investidura de Sánchez y la aprobación de los presupuestos de Colau en Barcelona entre otros.

Después de la última crisis de Gobierno a raíz del apoyo de ERC al gobierno del PSOE y de la respuesta a la inhabilitación de Torra, éste ha salido a decir que anunciará próximamente cuando serán las elecciones a la Generalitat de Catalunya. Eso sí, lo quieren hacer después de dejar aprobados los presupuestos para el año 2020, con perlas como que el gasto en sanidad no llega ni a los niveles de 2010... Tras el acuerdo con En Común-Podem, los presupuestos ya están en tramitación parlamentaria y podrían aprobarse a fines del mes de marzo.

Los presupuestos anunciados están absolutamente inflados y gran parte de los aumentos de gasto social que anuncian no son incrementos reales, sino que incluyen los gastos de los últimos tres años de presupuestos prorrogados.

Así, en el ámbito de educación se ha anunciado un incremento de gasto de 818 millones de euros. Pero de estos, más de la mitad son gastos que se han venido produciendo desde el 2017. Por ejemplo, hablan de un aumento de 5.250 docentes. Pero la realidad es que la mayoría de estos (unos 3.500) se incrementaron en el último momento de los presupuestos 2017 con las huelgas en enseñanza y el aumento real para 2020 es de sólo 580 docentes. El resto, responden a los incrementos de 2018 y 2019 para atender al aumento de alumnado. El Departamento de educación lo ha dicho claramente a los sindicatos: la prioridad de los presupuestos 2020 es «enjuagar déficit» es decir poner sobre el papel lo que ya se ha gastado.

Las otras «grandes mejoras» anunciadas para educación son la rebaja del 30% de las tasas universitarias y el retorno a la financiación de las guarderías con 1.500 euros por plaza, que irán a los Ayuntamientos. Se da la circunstancia que las tasas universitarias han subido los últimos años más del 65% y que la financiación por plaza de las guarderías anterior a los recortes era de 1800 euros por plaza y que 200 de los 1500 que ahora se anuncian son retornos fraccionados durante 10 años que la Generalitat ha decidido pagar a los Ayuntamientos tras varias sentencias judiciales en contra.

También el retorno de la paga del año 2013 a los trabajadores públicas está incluido en este «gran aumento» del gasto de 2020, entre otros. Especialmente sintomático en el ámbito educativo es que los presupuestos presentados no incluyen ninguna de las demandas sindicales unitarias: ni el retorno al horario anterior a los recortes, ni la reducción de ratios para evitar cierres de grupos públicos, ni la vuelta del permiso a las docentes de más de 55 años, etc. En definitiva, estos presupuestos no revierten, sino que consolidan los recortes más graves que sufre la escuela pública.

La Ley de Educación de Catalunya (LEC), que cumplen con todo detalle cuando se trata de su vertiente privatizadora, especifica que el gasto en educación a partir de 2017 debía ser del 6% del PIB. En estos presupuestos, educación no llegará al 2,5% del PIB. Además, hay que recordar también que buena parte de ese dinero irá a financiar escuelas privadas, religiosas y elitistas que segregan por sexo y discriminan a las mujeres.

"Estos presupuestos siguen la línea de los anteriores de adelgazar el sector público y financiar y fortalecer el sector privado"

El anuncio del incremento de becas comedor (16,8 millones de euros) también tiene letra pequeña. La partida se ha incluido dentro de educación cuando debería estar en bienestar y familia. Pero, sobre todo, porque también es dinero que va a parar a empresas privadas cuando con la gestión directa de los comedores se podrían ahorrar.

Estos presupuestos siguen la línea de los anteriores de adelgazar el sector público y financiar y fortalecer el sector privado. Buena parte de los gastos en personal, especialmente en sanidad y servicios sociales, va a parar a capítulo 2, es decir a manos de empresas privadas que pagan sueldos de miseria a las trabajadoras por servicios básicos y que, como no, se quedan su suculento porcentaje de beneficio.
En cuanto a la reforma fiscal, ésta es absolutamente insuficiente y desaprovecha la posibilidad de aumentar ingresos para gasto social.

En el IRPF, para las personas que ganen entre 90.000 y 120.000 pasarán a ser del 23,5%, sólo dos puntos más que ahora. Y lo más grave, en las rentas más altas, se mantiene el tipo en el 25,5%. Es decir, el bolsillo de los millonarios no se toca.

Con ello, sólo llega para aumentar la exención de las rentas más bajas y no para aumentar las entradas.

Lamentable el papel de los Comuns, que fueron muy duros, y con razón, cuando la CUP-CC apoyó los presupuestos del 2017, que ahora tienen que coger partidas de aquellos presupuestos para justificar dar apoyo a estos. Por mucho que hayan exigido que Torra y el JxCat no salgan en la foto del acuerdo, se trata de unos presupuestos que tranquilamente podría haber presentado CiU en su momento.

Es urgente articular una respuesta a estos presupuestos en la que podría jugar un papel importante la Plataforma en defensa dels serveis públics (anterior Plataforma Aturem la Ley Aragonès). Si bien su tramitación no llega en el momento de más movilizaciones, la caída de la Ley Aragonès, que precisamente iba de la mano de estos presupuestos, permite pensar que pararlos es posible.

Pedro Mercadé