A finales del pasado mes de enero, ya nos manifestamos en solidaridad con la Huelga General del 30 de enero en Euskal Herria en defensa de la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora y de los y las pensionistas.

Ahora queremos compartir una reflexión sobre los problemas del movimiento pensionista. La salida de la crisis de 2008 se ha hecho sobre las espaldas de la clase trabajadora (trabajadores/as en activo, parados y pensionistas). Además, se han degradado los servicios sociales, educativos y sanitarios a través de la política de ajustes que tiene como objetivo pagar antes la deuda pública que los servicios a la población, mientras fomenta la externalización o la privatización de los servicios públicos. Al mismo tiempo, se ha fomentado la entrada de los fondos buitre en el negocio inmobiliario que han encarecido los alquileres y limitado el tiempo de contrato. Las condiciones de vida han empeorado para el conjunto de la clase trabajadora.

Las pensiones no han quedado al margen de las políticas de ajuste. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Rajoy impulsaron reformas del sistema público de pensiones que han afectado tanto a los pensionistas actuales (como el aumento del 0,25% de las pensiones) como a los futuros pensionistas (retrasando la edad de jubilación y aumentando las condiciones para cobrar el 100% de la pensión). Además, estos gobiernos han incrementado la brecha de género que perjudica gravemente a las pensionistas. También han impulsado los planes de pensiones privadas de las entidades financieras y regularmente han insistido en la necesidad de más reformas para «evitar» la quiebra de la Seguridad Social.

Para atajar las protestas, el estado no ha dudado en aprobar leyes represivas como la ley mordaza y aplicar toda la maquinaria represiva judicial y policial para reprimir la lucha por los derechos sociales y nacionales en cualquier lugar del Estado español donde haya habido protestas. En ningún momento, los sindicatos mayoritarios llamaron a movilizarse contra estas reformas. A pesar de sus habituales «críticas» a las decisiones del gobierno, no han dado ningún paso para organizar la lucha por defender el sistema de pensiones. Al contrario, participan en el Pacto de Toledo que es el marco de negociación de la patronal, los sindicatos mayoritarios, los partidos políticos y los gobiernos para reformar el sistema público de pensiones y avanzar hacia la privatización. Además, participan en la gestión de los fondos de pensiones de los trabajadores públicos y promocionan sus propios planes privados.

Ante esta realidad, la Marea Pensionista y la COESPE nacieron para defender a los y las pensionistas de las consecuencias de estas reformas poniendo el énfasis en la mejora de las pensiones y condiciones de vida de los pensionistas; la lucha contra la brecha de género, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores en activo y la oposición al Pacto de Toledo. Desde el principio, se levantó la consigna «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden» como forma de expresar la independencia respecto de los gobiernos y de los partidos políticos. Además, la COESPE ha hecho gala de un funcionamiento democrático que ha permitido agrupar a pensionistas con distintos planteamientos políticos y que se haya extendido en numerosos territorios del estado español.

El movimiento pensionista siempre ha planteado la relación que hay entre el mantenimiento del sistema público de pensiones y la mejora de las condiciones laborales de la clase trabajadora. Por esto reclama la derogación de las reformas laborales de Rodríguez Zapatero y de Rajoy que han precarizado el empleo y han significado un grave retroceso de los salarios.

Sin embargo, estos posicionamientos se han visto en tela de juicio en los últimos meses. En primer lugar, ante el gobierno de PSOE-Unidas Podemos. Desde la COESPE se han emitido comunicados contradictorios sobre la formación del «gobierno progresista»: unos saludando el acuerdo de gobierno o concediendo 100 días de cortesía y otros recordando nuestras reivindicaciones. En algunos momentos, parecía que el lema «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden» quedaba en papel mojado.

Además, la postura de la COESPE en contra de la Huelga general de Euskal Herria del 30 de enero ha sido de extrema gravedad. Era la primera vez, desde 1985, que algunos sindicatos llamaban a la huelga para defender las pensiones: la COESPE perdió la oportunidad de apoyar una lucha conjunta de trabajadores y pensionistas. La COESPE olvidó que los y las pensionistas formamos parte de la clase trabajadora y que la plataforma PENSIÓN–SALARIO–VIDA DIGNA reivindica, como nosotros, tanto la mejora de las pensiones como la de los salarios.

A estos problemas, hay que añadir la aplicación de las normas de funcionamiento interno y la propuesta de modificación que se tiene que debatir en la IV Asamblea. Existe el peligro de que se acabe creando una estructura más jerárquica y burocratizada.

Estos problemas muestran la necesidad de volver a poner en el centro de la COESPE la independencia de todos los gobiernos, la plataforma reivindicativa y el funcionamiento democrático para volver a nuestros orígenes de independencia de gobiernos y partidos.

Ahora estamos viendo como el Gobierno pone en marcha otra vez el Pacto de Toledo, con la clara intención de romper las movilizaciones pensionistas eludiendo nuestras reivindicaciones y continuando la reforma de las pensiones, que comenzaron en 1995, con los recortes y la privatización en beneficio del sistema financiero.

Recordemos que el Pacto de Toledo ha servido al bipartidismo para que las pensiones no sean elemento de confrontación electoral ni, tampoco, los Presupuestos Generales del Estado ante la imposición de recortes sociales para pagar la deuda. Entrar en el Pacto de Toledo significa asumir su espíritu y sus reformas.

El Pacto de Toledo NO NOS REPRESENTA. Debemos continuar por la senda de exigir voz propia delante del Gobierno y del Congreso, buscar una respuesta inmediata a la pobreza generada por las reformas y poder pasar a equilibrar y fortalecer el Sistema Público de Pensiones sin interferencias de intereses financieros y patronales.

Por estos motivos, defendemos que la COESPE, en su IV Asamblea, apruebe un plan de lucha por la defensa de sus reivindicaciones, que incluya un llamamiento a los sindicatos para que convoquen una huelga general, que vuelva a dar sentido a nuestra vieja pero actual consigna.

¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!
¡No al Pacto de Toledo!

Barcelona, 20 de febrero de 2020

Pensionistas por la Huelga General