Convocados por las organizaciones patronales agrarias Asaja, UP y COAG, los agricultores y ganaderos se movilizaron en todo el estado desde fines de enero en defensa de los precios.
El sector agrario perdió un 9% de la renta en la pasada campaña y ve como esta puede ser peor: se está negociando el presupuesto de la UE para los próximos 7 años con un recorte substancial de la Política Agraria Común (PAC), que suponen de media un 25% de los ingresos de una explotación. A ello se añaden la liberalización de importaciones, mientras se producían restricciones en las mientras se producían restricciones en las exportaciones hacia Estados Unidos y otros países. Y las políticas por las que los precios de compra al agricultor y venta en grandes superficies, estaban en manos de estas últimas.
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Los agricultores exigen al gobierno que se mantenga la PAC, que se establezcan freno a las importaciones de fuera de la UE, que se establezca una relación más clara entre productores y supermercados para la venta. Asaja y COAG se oponen al aumento del Salario Mínimo Interprofesional acordado recientemente entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos y lo que conlleva de cuota empresarial a la Seguridad Social, por lo que exigen bonificaciones fiscales.
Tras un mes de movilizaciones, el Gobierno se compromete a la Ley de la Cadena alimentaria, que acabe con el reparto desigual del valor del producto y la política de ventas a pérdidas. Hemos apoyado las reivindicaciones de defensa de los precios frente a los grandes distribuidores y el capital financiero que fomenta la especulación. Pero esta posición –como en otros casos, como el del taxi- lo hacemos desde una posición de independencia de clase, porque quien dirige la movilización es la patronal del campo que a su vez impone condiciones brutales de explotación al y a la jornalera.

Aún resuenan las declaraciones del relator especial de la ONU, Philip Alston, que afirmó que las condiciones de los trabajadores eventuales del campo de Huelva eran « mucho peores que las de un campo de refugiados ». La caída de esas condiciones en los últimos años ha sido brutal. Consciente de que los 700.000 jornaleros sin trabajo son un polvorín, y que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (del SOC) es el sindicato que más padece la represión sindical, el gobierno intenta preventivamente acallar protestas con el compromiso de reducir el número de peonadas de 35 a 20, para recibir el miserable PER.

El problema está efectivamente en la defensa del precio asociado a las condiciones de vida del jornalero, no al beneficio del agricultor. El PER, lejos de asegurar unas condiciones de vida mínimas en el campo lo que hace es atar al jornalero, en busca de las peonadas, a las exigencias del terrateniente o al clientelismo político. Y la existencia de esos grandes terratenientes, es decir el problema de la tierra, que ha denunciado el SAT con ocupaciones, es el gran problema que debiera abordar una verdadera reforma agraria.

Josep Lluís del Alcázar