En los diez días siguientes al levantamiento de la suspensión de desahucios establecida a causa de la pandemia de la Covid-19 se han presenciado -sólo en la ciudad de Barcelona- más de 200 desalojos. Este continuo ataque a los derechos fundamentales, así como las elevadas cifras de desocupación y despidos, y la extrema precariedad de las trabajadoras de sectores esenciales, demuestra que la crisis económica, profundizada a causa de la pandemia, recae de nuevo en la clase trabajadora.

Desde hace años venimos sufriendo un aumento exponencial del precio de los alquileres en Catalunya, lo que hace cada vez más complicado el acceso a la vivienda para las clases populares. Ante esta situación, el Sindicat de Llogateres llevó recientemente una propuesta de ley al Parlament de Catalunya (“Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge”), con el objetivo de frenar o incluso revertir estas subidas de alquiler por medio de una regulación relativa del mercado de vivienda. A grandes rasgos la ley determina por municipios si una zona es “d’habitatge tens” o no, y si lo es (y además la vivienda cumple una larga serie de requisitos), se recalcula el precio del alquiler en base a un índice de referencia regido por el precio medio de mercado de cada zona.

El hecho de que se haya aprobado esta ley es, sin duda, una victoria de la organización popular. Aun así, no podemos dejar de señalar que ésta es una ley de mínimos, que puede paliar la situación en casos particulares pero que de ninguna manera servirá para garantizar el derecho a vivienda de toda la clase trabajadora.

Partidos como ERC o JxCat, respondiendo a los intereses de la clase a la que representan, siguen la lógica neoliberal y entienden la ciudad y la vivienda como mercancías en sí, dejándolas sujetas a las dinámicas del mercado global y gobernando de tal forma que se facilite la extracción de plusvalías de las mismas. Entender el suelo urbano y la vivienda como bienes y no como derechos es abrir la puerta a la especulación.

Desde las instituciones se juega a aprobar leyes como la comentada previamente a la vez que se protegen fondos de inversión de gran capital en vivienda (fondos buitre como Blackstone) y se llevan a cabo proyectos planificados de gentrificación, como los de Sants o La Sagrera. A diario vemos como anteponen el “derecho” de un gran propietario a sacar beneficio de sus propiedades antes que el derecho de las personas a dormir bajo un techo. Priorizan el turismo (con sus pisos turísticos, cruceros y negocios enfocados a turistas) antes que un tejido productivo sostenible, ecológico y orientado a resolver las necesidades reales de las que habitamos el espacio. A diario gentrifican nuestros barrios y ciudades, expulsando a nuestras vecinas de sus casas y rompiendo todo el tejido asociativo desarrollado durante años, con la consecuente pérdida de las redes de soporte de personas mayores, mujeres y niños.

Como ya vimos en 2007, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, las vecinas se organizan en sindicatos de vivienda para hacer frente a una situación generalizada de precariedad e incertidumbre habitacional. Frente a esta organización popular la respuesta institucional no es otra que la represión en beneficio de los grandes especuladores. Paralelamente los mass media se alinean a los intereses de empresas privadas (como Securitas Direct), llevando a cabo campañas de criminalización de la okupación para poner a la opinión pública en contra de la resistencia vecinal a los desahucios. Por su parte, los especuladores contratan empresas antiokupas (como Desokupa, con fuertes lazos con movimientos de carácter fascista) para coaccionar, amenazar y expulsar violentamente a las familias de sus casas de manera extrajudicial.

Ante la falta de perspectivas y la hipocresía de los gobiernos reivindicamos la unidad de todas las luchas; porque defender el derecho a vivienda es también luchar contra la precariedad laboral y contra los despidos; es defender las pensiones y luchar por servicios 100% públicos, gratuitos, universales y de calidad. Por eso hacemos un llamamiento a la organización del conjunto de toda la clase trabajadora, ¡que esta crisis la paguen los capitalistas!

¡No más desahucios! ¡Basta de represión contra la organización popular!
Expropiación sin compensación económica de grandes propietarios, fondos buitre y bancos.
Aumento de los parques de vivienda bajo gestión 100% pública.
Que un alquiler no suponga más del 20% del salario, ¡la vivienda es un derecho, no un privilegio!