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Pensiones: 2020: del acuerdo PSOE/Unidas-Podemos a los PGE 2021

Lucha Internacionalista, 16 de enero de 2021




2020 ha sido el primer año de gobierno del PSOE-Unidas/Podemos. Al empezar 2021 es hora de hacer un balance de la acción del gobierno respecto a las pensiones.

El acuerdo de gobierno PSOE-Unidas/Podemos

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas/Podemos sobre pensiones llevaba incluida una enorme contradicción entre las buenas intenciones “Garantía de pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público de pensiones” y “Garantizar su sostenibilidad (de la Seguridad Social) a medio y largo plazo”(1) y el instrumento para realizarlas, un nuevo Pacto de Toledo.

¿Cómo se puede garantizar las pensiones dignas y la sostenibilidad de la Seguridad Social con un nuevo Pacto de Toledo, si precisamente el objetivo de éste, desde el inicio, es todo lo contrario?: ¡Desmantelarla! La política sobre pensiones del nuevo gobierno empezaba con esa grave contradicción que anunciaba lo que ha sido la pauta del pasado año. Su balance no puede ser peor:

• La continuación de las reformas de las pensiones de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Rajoy, excepto en aquellos aspectos que el movimiento pensionista consiguió paralizar, aunque no anular definitivamente (incremento anual IPC, Factor de sostenibilidad)

• La aprobación, en el mes de diciembre, del nuevo Pacto de Toledo, por el Congreso de Diputados. Se abstuvieron ERC y EH Bildu y solo la CUP votó en contra. El nuevo pacto va exactamente en la línea contraria de las “buenas intenciones” del Acuerdo de gobierno.

A finales de año, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró que Podemos no apoyará la propuesta del ministro Escrivá de pasar de 25 a 35 los años necesarios para calcular la pensión de los futuros jubilados y lo justifica afirmando que esta propuesta no se encuentra ni en el nuevo Pacto de Toledo ni en el acuerdo de gobierno. También afirmó que “Ampliar el periodo de cotización a 35 años es un recorte en las pensiones públicas” (2).

Se hace difícil creer en los cambios de criterio de los que apoyaron las recomendaciones del Pacto de Toledo, como UP y ahora, por estrategia política, se oponen a alargar a 35 los años necesarios para calcular el importe de la pensión, pero no se opusieron a pasar de 15 a 25 años, que ya es por si lesiva.

La política del gobierno sobre pensiones para el 2021

Las declaraciones Yolanda Díaz muestran ciertamente las divisiones dentro del gobierno sobre este tema (y sobre otros como el SMI), pero también el intento de desviar la atención sobre los problemas que continuaran afectando a las pensiones este año. Entre ellos, hay que destacar algunos:

El mantenimiento de la brecha de género. En el mes de diciembre de 2020, la pensión media de las mujeres fue de 816,08 y la de los hombres 1.236,85 euros (3). Una diferencia de 420,77 euros. En 2021 no hay ningún cambio previsto.

El impulso de los Planes privados de empresa. La creación de un Fondo público para planes colectivos de empresa y el aumento de las desgravaciones que pasan de los 8.000 euros actuales a los 10.000 euros. (4)

Las condiciones de los Fondos Covid UE. Todos los ministros y ministras del gobierno español, incluidos Iglesias y Díaz, saben que para acceder a los 144.000 Meuros de los fondos de reconstrucción Covid hay que cumplir dos condiciones: no derogar las reformas laborales, pero sí recortar el sistema de pensiones.(5)

El mantenimiento de las bajas pensiones. Se rechaza así una de las reivindicaciones históricas del movimiento pensionista: 1084 euros de pensión mínima. Esas pensiones bajas las cobran esencialmente mujeres.

El oscurantismo en la gestión de la Seguridad Social. A pesar de que se han reconocido los gastos impropios a cargo de la SS, se seguirán produciendo hasta 2023 provocando el supuesto “déficit”. El movimiento pensionista continuará exigiendo una auditoría pública e independiente de su gestión.

El mantenimiento de las reformas laborales y de pensiones de Zapatero y Rajoy. Estas reformas siguen causando estragos en las condiciones laborales de la clase trabajadora y al sistema público de pensiones. Hay que derogarlas.

En resumen, esta es la política que sobre pensiones aplicará el gobierno PSOE/UP. No hay ministros malos como Escrivá, ni ministras buenas como Díaz. Solo hay un gobierno que aplica un acuerdo de coalición, que incluye el nuevo Pacto de Toledo (ya aprobado), y que acepta también las condiciones de los Fondos Covid de la UE, que dispone además del “freno de emergencia” (6) para congelar las ayudas.

La responsabilidad del movimiento pensionista

El movimiento pensionista ha luchado contra las reformas de las pensiones y su lucha ha obtenido resultados. Se han citado dos: conquistar provisionalmente el incremento anual a partir del IPC y suspender hasta 2023 el Factor de Sostenibilidad. Aunque son victorias parciales, demuestran que los y las pensionistas tienen fuerza y capacidad para enfrentarse al gobierno. El gobierno lo sabe y por esto la redacción y algunos de los contenidos de las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo parecen destinadas a desactivar al movimiento pensionista.

Sin embargo, este movimiento social se encuentra dividido en una pluralidad de plataformas y coordinadoras, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, una pluralidad que permite que existan grupos organizados de pensionistas a lo largo de todo el Estado español. Pero si estas plataformas locales no se unen, los únicos beneficiarios serán el gobierno y la patronal. En su recorrido el movimiento ha vivido muchos problemas: intentos soterrados de apoyar al gobierno PSOE/UP, la división ante la postura a tomar frente la Huelga General de Euskal Herria, el proyecto de “mejorar” el Pacto de Toledo o simplemente los personalismos. Ante el nuevo Pacto de Toledo, el movimiento pensionista necesita la unidad más que nunca.

Las recientes reuniones, por videoconferencia, de plataformas de todo el estado español para impulsar movilizaciones en común supone un gran paso adelante hacia la unidad de acción. El gobierno intentará por todos los medios impedirlo porque sabe que el movimiento pensionista lleva años luchando, saliendo cada semana a la calle a pesar del Covid-19 y no se ha rendido. Es, hoy por hoy, su mayor oposición social.

En este marco, la COESPE tiene un papel esencial por su implantación en todo el territorio, por su plataforma reivindicativa y su orientación hacia el movimiento obrero. Ha de ser un factor de unidad del movimiento pensionista y del movimiento obrero para facilitar y garantizar que una respuesta lo más unitaria y contundente posible a la política sobre pensiones del gobierno.

¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!

6 de enero de 2021

Militantes pensionistas de Lucha Internacionalista

(1) https://www.newtral.es/texto-integro-acuerdo-de-coalicion-psoe-unidas-podemos/20191230/

(2) https://www.lavanguardia.com/economia/20201231/6159063/diaz-avisa-apoyara-alargar-anos-calculo-pension.html

(3) https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106

(4)https://www.lavanguardia.com/economia/20201031/4986650670/nuevo-fondo-pensiones-estatal-extendera-convenios-sectoriales.html

(5) https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20201008/sanchez-negocia-bruselas-reformas-mercado-laboral-pensiones/526448926_0.html

(6) https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20201218/ajustes-reformas-ue-aprueba-condiciones-acceder-covid/544445891_0.html

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