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Derecho al aborto: adelantos y retrocesos

Rosario Mendieta, 24 de junio de 2022




En todo el mundo la lucha por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito está a la orden del día porque todavía continúa siendo un derecho fundamental vulnerado, incluso prohibido como en El Salvador, Nicaragua o Haití, entre otros países. La lucha del movimiento feminista y la Marea Verde ha conseguido también importantes avances como es el caso de Argentina donde se consiguió su legalización, en Chile donde está en pleno debate en el marco del proceso constituyente, o en el estado de Guerrero en México, donde recientemente acaba de despenalizarse. Pero la realidad nos corrobora que hay que continuar con la lucha permanentemente porque -y más todavía en momentos de crisis económicas y sociales- los derechos sexuales y reproductivos están en el punto de mira de los sectores más reaccionarios y misóginos que, en muchos casos, reciben el apoyo o su parto de los mismos gobiernos.

En los Estados Unidos los últimos años ha habido retrocesos en varios estados, envalentonados por las políticas y discursos misóginos de Donald Trump: Texas, Florida, Idaho, Arizona, Oklahoma y Kentucky son algunos ejemplos. La situación, de hecho, ha llegado al Tribunal Supremo donde hay una ofensiva de dar marcha atrás con la sentencia histórica "Roe contra Wade" que consiguió el reconocimiento del derecho al aborto en 1973. Hay que destacar que, desde entonces nunca se sancionó ninguna ley integral específica para blindar este derecho, tampoco cuando los demócratas tuvieron mayoría en ambas cámaras. De esta forma, se deja en manos de la justicia patriarcal y de la aritmética judicial este derecho fundamental.

Por todo esto hace falta la movilización internacional: porque los derechos se consiguen y se defienden en las calles. ¡Ni un paso atrás!

El "lobby" antiabortista en Catalunya y en el Estado Español, financiado con dinero público

Recientemente, se publicaba en el portal informativo "Critic", información recopilada por la Asociación por los Derechos Sexuales y Reproductivos y un mapa del "loby" antiabortista en Catalunya y en el Estado Español. En el informe se confirma que el Departamento de Derechos Sociales de Catalunya, desde el 2010 y bajo los mandatos de ERC y Junts ha financiado a la entidad "Fundación Pro Vida" con 260 mil euros. Esta fundación forma parte del "Foro Español de la *Familia" que encabezó las movilizaciones contra la ley del aborto en 2010 y recientemente también contra la ley de eutanasia. Además, según la memoria de la misma fundación, también recibió dinero público del Fondo Español de Garantía *Agraria (*FEGA) y de la Diputación de Barcelona. Y a todo esto tenemos que añadir que muchas administraciones les derivan mujeres de los servicios sociales o centros de salud: en 2020 el Ayuntamiento de BCN habría derivado unas 76 y el CatSalut 84. Evidentemente este "lobby" cuenta con muchos otros colaboradores del ámbito privado: el Banco de Alimentos, la Fundación *Rocapin e *Isolana o la *Associación *Española de *Profesores de *Planificación Familiar Natural (*RENAFER). La Fundación Pro Vida es un ejemplo de todo un mapa que ha sido publicado y que incluye otras entidades anti-derechos como "*Hazte *Oir", "*Citzien *Go", la organización secreta y paramilitar "El *Yunque", entre otros. Hay que destacar que en muchos casos son organizaciones vinculadas entre sí. Por ejemplo: organizan intimidaciones a las puertas de clínicas que practican abortos tanto en Catalunya como en los mismos Estados Unidos.

Hay que blindar el derecho al aborto

El crecimiento de las organizaciones fundamentalistas y de los discursos y políticas reaccionarias, misóginas y LGBTIfòbiques está vinculado a la situación de crisis económica capitalista. Las violencias cisheteropatriarcales son un método de disciplina que intenta mantenernos sumisas y controladas mediante el uso de diversas formas de violencia para sacar más ganancias de nuestra explotación. Al mismo tiempo también pretende culpabilizarnos de la crisis y dividirnos como clase trabajadora. De esta situación también son responsables los gobiernos, partidos y organizaciones que a pesar de considerarse feministas y defensoras de la diversidad acaban financiando con dinero público entidades reaccionarias como hemos visto con el caso de Catalunya. Pero tampoco tenemos que olvidar que el Estado Español -a pesar de años del “gobierno más progresista de la historia”- continúa destinando millones de euros públicos a la misma Iglesia Católica y mantiene el Concordato del 78, de origen franquista, que otorga a esta institución obscurantista privilegios económicos, sociales y políticos. Se estima que la Iglesia recibe alrededor de 11.600 millones entre la enseñanza, obras sociales, excepciones impositivas, mantenimiento del patrimonio, IRPF, entre otros. Cifras exorbitantes por sí mismas, pero todavía peores si las comparamos con los tan solo 525 millones presupuestados para el Ministerio de Igualdad para el año 2022. No basta con discursos ni tampoco con mejoras que podemos ir consiguiendo, necesitamos blindar nuestros derechos y, para garantizarlos, hay que romper con los privilegios de instituciones como la Iglesia o con la financiación a otras entidades vinculadas.

Ahora el gobierno PSOE-Podemos -desprendido de años de exigencia del movimiento feminista- ha presentado en debate una reforma de la ley del aborto aprobada en 2010 que podría recuperar derechos que nos sacaron con el intento de contrarreforma impulsada por el PP y encabezada por el entonces Ministro de Justicia, Gallardón. De hecho, el PP y VOX ya han salido públicamente a oponerse. Con la nueva reforma, por ejemplo, ya no sería necesaria la autorización para la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de las menores de 16 y 17 años. También se avanzaría con la eliminación del periodo de reflexión de 3 días que se impone actualmente a una mujer o persona gestante que decida abortar y, se garantiza este derecho tanto con el método quirúrgico como con el farmacológico, en centros públicos de todo el territorio. En este sentido, la situación hoy en día es alarmante: 11 provincias no registran haber practicado ningún aborto desde que se aprobó la ley en 2010, lo cual quiere decir que miles de mujeres se han tenido que desplazar en otra provincia para poder ejercer este derecho. Y en la actualidad, además, más del 80% de los abortos se continúan realizando en clínicas privadas.

Avanzar y blindar el derecho al aborto es una necesidad porque como vemos hoy en día no es verdaderamente una práctica libre y garantizada. Y no podemos olvidar que a muchas mujeres y personas gestantes sin tarjeta sanitaria o en situación administrativa irregular, les es negado ejercer este derecho. Advertimos que ninguna ley blinda un derecho si no se hace efectiva con el presupuesto necesario. Ni tampoco si no nos incluye a todas, es decir, si no acaba con la vertiente racista de la ley de extranjería. Hacemos un llamamiento a movilizarnos y organizarnos en este sentido. A salir a las calles por el aborto libre, legal, seguro, gratuito y universal.

Hace falta que el movimiento feminista, el movimiento por la liberación sexual y de género y el movimiento antirracista luchamos unitariamente desde una perspectiva de clase que es la que nos unifica en nuestras diversas opresiones. Y por eso hace falta también que el sindicalismo alternativo y combativo coja en sus manos y unifique todas estas reivindicaciones. Porque la verdadera forma de parar a la extrema-derecha y a los fundamentalismos es con una salida de fondo de clase, rupturista y anti-capitalista.

Rosario de Mendieta

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