En la recomendación 16 del Pacto de Toledo se utiliza el eufemismo de sistema complementario. Se propone que en las empresas una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados de empresa. Y piden “el esfuerzo de los trabajadores”. No es suficiente soportar la precariedad de los trabajos, los bajos salarios en la mayoría de los casos, que ahora quieren quitarnos parte de ellos.

Hay que recordar que estas propuestas nacen de los acuerdos entre el gobierno y la UE para la entrega de fondos para el COVI 19, la aplicación de los planes de austeridad que forman parte de las políticas del FMI y que tienen la contrapartida de rebajar las prestaciones sociales y las pensiones. Cumple con todos compromisos adquiridos con Bruselas desde el 2010 por los sucesivos gobiernos. Es una reforma que asume las del 2010 del PSOE y la del 2013 Rajoy, amplía nuevos recortes para las futuras pensiones anticipadas y da un paso decisivo para privatizar, al menos una parte de las cotizaciones sociales, con los Planes Privados de Empresa, creando ya la Agencia de la Seguridad Social para que puedan entrar las entidades financieras.

Porque la segunda parte de las reformas de las pensiones va encaminada a:

 La ampliación de 25 a 35 años el cálculo de las pensiones futuras, es decir que será un primer paso para justificar más recortes en las presentes.

 El destope de las cotizaciones sociales, es decir, que los salarios por encima de 4.200 euros coticen. Una medida necesaria porque afecta a los salarios más altos que ahora están bonificados.

 Llevar adelante la privatización de las pensiones mediante medidas concretas para desviar salarios y cotizaciones hacia los fondos de pensiones de empresa que intentan implantar mediante los convenios.

Estamos hablando de que el Gobierno va a obligar a que una parte de las cotizaciones vayan a fondos privados.

La verborrea es la de siempre, lo denominan “macro fondo de empleo de promoción pública”. La propuesta nos sitúa en un escenario mixto con un sistema de inversión tutelado por el Estado. ¿El Estado se hará cargo de la mala praxis bancaria en que puedan incurrir las entidades financieras? ¿El Estado se hará cargo de las pérdidas?
Fracasaron los planes de pensiones privados voluntarios en España, gestionados por las entidades financieras, que en la mayoría de los casos fueron apoyados por CCOO y UGT, que por cierto nunca fueron rentables económicamente, que dependían de la evolución de la bolsa y que en la mayoría de los casos esas inversiones eran producto de negocios turbios como la venta de armas, de diamantes, la trata de personas o la especulación inmobiliaria.

Por eso ahora se quieren imponer con calzador los Planes de Pensiones de Empresa. Es un plan de pensiones individual y voluntario que completaría el sistema de pensiones públicas y que nuevamente estaría gestionado por las entidades financieras.

En los planes de pensiones de empresa se obligará a los trabajadores a suscribir dichos productos basados en un sistema de capitalización y esta obligación vendrá avalada por la negociación de los futuros convenios colectivos que principalmente firman CCOO y UGT. Y que, como en Euskadi, podrán ser convenios de sector. La construcción ya tiene preparado el borrador. En principio intentarán aplicarlos entre los trabajadores públicos y en las pequeñas empresas, para luego aplicarlo al resto de los y las trabajadoras del sector privado. Nos tenemos que negar enérgicamente a su aplicación, está en juego el futuro de las pensiones públicas.

Parece ser que las centrales sindicales CCOO y UGT califican el proyecto como “una medida que tiene una dudosa relevancia práctica». La clave, según los representantes sindicales, está en que el proyecto de ley no garantiza que “las empresas acepten aportar” al fondo y por esto no tendrá «un desarrollo cuantitativo o cualitativo muy relevante». El tiempo nos dirá, en la práctica, cuál será la posición real de los dos sindicatos.

La consecuencia inmediata será la reducción de ingresos a la Seguridad Social, dificultando el pago de las pensiones actuales y las futuras. Actualmente, las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras y las empresas (por cierto, salario diferido) van a la caja de la Seguridad Social y es desde donde se pagan las pensiones, pero la propuesta de los planes privados de empresa significa que a largo plazo el ahorro social se traspasará a las grandes entidades bancarias.

Con esta recomendación, el Pacto de Toledo pone énfasis en una propuesta que hace años se está aplicando en Euskadi, con el apoyo del PNV y de la mayoría de los sindicatos vascos de ámbito autonómico. La gestión está a cargo mayoritariamente de unas gestoras, que últimamente han sido actualidad por la denuncia de muchos pensionistas cuando han querido recuperar sus planes de pensiones y estas se han negado a retornarlos. Es significativo el hecho de que el sindicato soberanista LAB haya manifestado, con escaso impacto mediático, la intención de abandonar su participación en los órganos de Gestión y Dirección de las principales EPSV. Después de 25 años, ven el elefante en la habitación.

Las trampas del capital son muchas para robarnos el derecho a una pensión digna y suficiente a cargo de los presupuestos del Estado, favoreciendo el beneficio de la banca como eje principal y rompiendo el sentido universal de que las pensiones se basan en la solidaridad generacional.

Tenemos como tarea difundir bien todos estos conceptos que están deliberadamente ocultados por el Gobierno y las entidades financieras y llegar a los puestos de trabajo, a la escuela, a la universidad, con esta información para demostrar cuál es el interés del gobierno y de las entidades financieras y como sí es posible seguir cobrando una pensión pública y suficiente si somos capaces de movilizarnos y luchar por ella.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS SE DEFIENDEN EN LA CALLE

Pensionistas LI

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34 años del 14D

Hace 34 años de la huelga general de 1988 en España o 14-D, convocada contra la Ley de Empleo Juvenil del PSOE de Felipe González que abarataba el despido e introducía los contratos temporales para los jóvenes trabajadores. Con un seguimiento masivo, el país fue paralizado durante 24 horas –incluida TVE-, obligando al gobierno a negociar con los sindicatos, retirando la reforma e incrementando el gasto social. Al año siguiente, el PSOE perdió la mayoría absoluta que tenía desde 1982, obteniendo 175 diputados.

COESPE la recordó, movilizándose en las calles