El 1 de enero ha vuelto a entrar en vigor el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un sistema de normas que limita el gasto público de los estados de la Unión Europea. El Gobierno español PSOE-Sumar se apresuraba también pocos días antes de fiestas, a aprobar el límite de gasto a un 0’5% superior al último presupuesto. Un incremento que incluye los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este aumento máximo, que está por debajo del incremento de la inflación del 3’8% y también del crecimiento del PIB previsto entre el 1’4 y el 1’7%, es previo a los Presupuestos Generales del Estado por 2024 que el Gobierno quiere terminar en febrero. Vuelven los recortes... si es que nunca se marcharon.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se suspendió con la pandemia y quedó nuevamente en suspenso con el inicio de la invasión en Ucrania. La Comisión Europea había propuesto en abril una reforma antes de que volviera a estar activo. Ambos bloques volvieron a actuar: el norte liderado por Alemania que rechazaba cualquier negociación bilateral para ajustar plazos y medidas y el bloque del Sur que quería mayor flexibilidad. Por último, y sobre la campana, el 21 de diciembre, los 27 llegaban a un acuerdo para suavizar (dejar más tiempo para alcanzar los objetivos) las exigencias alemanas: políticas de ajuste para limitar el déficit público al 3% y el endeudamiento al 60% del PIB.

La política de ajuste también ha generado tensiones en el Gobierno de coalición alemán. Con un repunte de la inflación hasta el 3’8% y en práctica recesión (segundo y tercer trimestre de 2023 con una caída del 0’1% del PIB), el 25 de diciembre Liberales (FDP), Verdes y Socialdemócratas (SPD) firmaban un acuerdo in extremis para reajustar los presupuestos para 2024: recorte de los subsidios por desempleao y gasto social, reducción ayudas renovables, no compensada con el incremento de impuestos al gasóleo agrícola, los plásticos y el impuesto sobre emisión de CO2.

La Francia de Macron también tendrá que recortar unos 30.000 millones de euros. España unos 12.000 millones. Es al menos sorprendente que el Gobierno “progresista” español fijara una fuerte reducción del gasto con el límite de techo, cuando en otoño había aprobado un aumento extra del gasto militar de 16.543 millones de euros, según el Centro de estudios por la paz Delàs, un gasto que supera la cifra total del presupuesto del Ministerio de Defensa para todo el 2023.

Una larga reunión del último Consejo de Ministros Sánchez-Díaz acababa de decidir por dónde empiezan a poner la tijera. Los profundos desacuerdos hacían que las ampliaciones a las medidas del llamado “escudo social” sólo se ampliaran unos meses. Veremos por dónde vienen los recortes, pero –si no se quiere ampliar los impuestos a las grandes empresas- las recetas neoliberales acaban con una menor contratación, salarios más bajos (pensiones lo tienen más difícil, de momento aplican el 3’8%) y menor financiación en los servicios públicos.

Para las trabajadoras y trabajadores, llueve sobre mojado. Porque el supuesto “escudo social” no impidió que los salarios perdieran claramente poder de compra. (ver cuadro del economista Niño Becerra). Y si las pensiones no lo hicieron fue por la perseverante lucha de los pensionistas, que ponen el listón muy alto para una no aplicación del IPC. De hecho, el Gobierno cierra el año con unas cifras engañosas sobre el paro que se situaría a niveles récord de empleo, que esconden dos realidades consecuencia de la Reforma laboral de Díaz, además de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios: el aumento de la precariedad laboral y de la rotación en el empleo, y que más del 60% de contratos indefinidos son fijos discontinuos, y los meses que no trabajan no se compatibilizan como parados/as. Muchos contratos son indefinidos, pero tenemos récord en despidos: hasta septiembre de 2023 había crecido un 28% respecto a 2022. Y aunque bajan los despidos colectivos, se disparan los objetivos y los disciplinarios, y también el despido por no superar el período de prueba.

Prepararnos para hacer frente a nuevos recortes

Los recortes irán cayendo escalonadamente a lo largo de 2024, en ayudas y aún más importante en los servicios públicos, si la movilización no lo impide. Un año que se espera que la recesión que se vive en Europa arrastrada por la economía alemana empiece a provocar un aumento de los despidos. De momento Telefónica, que hasta septiembre había ganado 1.262 millones, firmaba un ERE con CCOO, UGT y Fetico por el despido de 3.421 sobre los 16.500 trabajadores/as que tiene en España, más del 20% de la plantilla. Las direcciones de CCOO y UGT vuelven a pactar despidos, aún más grave, con empresas con beneficios.

La inflación ha vuelto a repuntar en Europa, con el 2’9 que en España es un 3’1%, los salarios y las pensiones siguen amenazados. Habrá que impulsar la unidad del sindicalismo combativo, que no entren a negociar los despidos y que planten cara decidida a los planes patronales y del gobierno. En 2023 se volvió a demostrar que donde más se ha lucha se han conseguido salarios más elevados.

Para seguir luchando por la derogación de la reforma laboral, la que habían prometido y no hicieron el Gobierno PSOE-IUPodem, que frenen los despidos y la precarización laboral. Para conseguir una valorización automática de sueldos y pensiones con el incremento del IPC. Por un amplio movimiento en defensa de los servicios 100% públicos, que aumenten los recursos en la sanidad, educación y servicios sociales públicos.

El Gobierno del PSOE/Sumar deberá realizar equilibrios permanentes para seguir vivo. Por un lado, en el parlamento, pues necesita cada vez juntar todas las fuerzas que le dieron la investidura. Pero más aún necesitará que las direcciones de CCOO y UGT le sigan controlando la movilización obrera y popular. También es un año electoral: el 18 de febrero están convocadas en Galiza. El PP puede perder la mayoría absoluta frente a un tripartito BNG, PSOE y Sumar. En Euskal Herria probablemente sean en primavera con la incógnita de si Bildu adelanta a los PNV. Y en junio elecciones europeas, donde las encuestas apuntan a una nueva subida de la extrema derecha.

Vienen recortes y las políticas de austeridad dan alas a la extrema derecha. Seguiremos trabajando por la construcción de una alternativa a la izquierda del Gobierno PSOE-Sumar, que esté junto a la lucha del sindicalismo combativo y los movimientos sociales. Sin las movilizaciones y la construcción de esta alternativa anticapitalista, de los trabajadores/as y los pueblos, la llegada de la extrema derecha a más posiciones de poder será cuestión de tiempo.

Josep Lluís del Alcázar Fabregat